Siguen las malas noticias para el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y para sus fichas en las instituciones públicas.
El Tribunal Supremo ha ordenado a la Guardia Civil la entrada y registro en el despacho de la Fiscalía General del Estado que encabeza Álvaro García Ortiz.
El magistrado Ángel Luis Hurtado que investiga la causa que señala a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha realizado la solicitud de registro de la oficina del fiscal general del Estado como parte del procedimiento.
En la orden, detalla la incautación de cualquier material en soporte papel o informático relacionado, así como el teléfono personal de García Ortiz. El objetivo de los Cuerpos de Seguridad es encontrar pruebas sobre la presunta filtración a la prensa de los correos electrónicos que intercambiaron el abogado de Alberto González Amador con el fiscal que le investigó por dos delitos contra la Hacienda Pública.
El magistrado también ordenó la entrada y registro en el despacho de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, quien también estaría relacionada con los hechos.
Más temprano, el juez instructor había emplazado a García Ortiz a designar abogado para no generarle indefensión. En el auto, el magistrado advierte que pese a que la fiscal jefe provincial de Madrid «está representada por la Abogacía del Estado, no consta representación alguna por parte de Álvaro García Ortiz, por lo que procede requerirle para que designe profesionales que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión».
Pese a la advertencia del magistrado, se espera que la defensa de García Ortiz recaiga en la misma Abogacía del Estado durante el procedimiento judicial.
En más del caso, el instructor informó a las acusaciones populares personadas en la causa, Fundación Foro Libertad y Alternativa, Manos Limpias, Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que cuentan con un plazo de cinco días para el agrupamiento, en concordancia con la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Sin embargo, el magistrado no se pronunció sobre las diligencias solicitadas por la acusación particular, González Amador, y sobre la suspensión cautelar de funciones del fiscal general del Estado solicitada por Manos Limpias. Se espera que emita una resolución al respecto en los próximos días.
