Salva su primera prueba.
El imputado Álvaro García Ortiz vio como el Tribunal Supremo rechazó el recurso contra su nombramiento como fiscal general del Estado.
Esta decisión llega justo un día antes de que declare como imputado ante la Sala de lo Penal por un presunto delito de revelación de secretos por los correos filtrados entre el fiscal Julián Salto y el abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Los cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo decidieron desestimar la petición presentada hace un año por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
El Alto Tribunal sentenció que García Ortíz sí que cumplía los requisitos ese puesto.
La APIF, en su recurso, se llevó las manos a la cabeza ante la decisión del Ejecutivo Sánchez de haberlo revalidado en el cargo al existir una sentencia en la que se le acusaba de desviación de poder, lo que le haría dejar de ser un jurista de reconocido prestigio.
Esa asociación de fiscales añadió que también hubo un informe del Consejo General del Poder Judicial que tachaba a García Ortiz de inidóneo, lo que debería de haber llevado al Gobierno Sánchez a tener que razonar la candidatura de García Ortiz.
Otro de los hechos que destacó la APIF es que se tenía que haber tenido en consideración que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremop anuló su decisión de nombrar a Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática.
