El sindicato Manos Limpias ha presentado una contundente denuncia contra Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica de España (REE), por su presunta responsabilidad en el histórico apagón que sumió a España y Portugal en la oscuridad durante más de nueve horas el pasado lunes.
La acción judicial, interpuesta ante los juzgados de Madrid, atribuye a Corredor delitos de daños, contra la salud pública, estragos, lesiones y homicidio imprudente, en lo que constituye la primera acción legal contra la máxima responsable de la operadora eléctrica española tras el incidente.
El apagón, que comenzó aproximadamente a las 12:20 horas del lunes, ha sido calificado por Manos Limpias como «una de las mayores tragedias ocurridas en España», con consecuencias devastadoras tanto en términos humanos como materiales. Según detalla la denuncia, hasta el momento se han confirmado cinco fallecimientos directamente relacionados con el corte de suministro, mientras que las pérdidas económicas superarían los 1.600 millones de euros, afectando a un 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional.
Una «imprudencia grave» con consecuencias catastróficas
El escrito presentado por el sindicato que dirige Miguel Bernad sostiene que Corredor habría incurrido «en una culpabilidad ‘in vigilando’ que ha trascendido a unos ilícitos penales», señalando que «es de libro y no admite la menor duda de que se ha producido una presunta imprudencia grave por parte de la máxima responsable del servicio». La denuncia argumenta que Red Eléctrica, bajo la dirección de Corredor, evidenció la «inexistencia de un protocolo para dar respuesta» a una emergencia de tal magnitud, incumpliendo así sus obligaciones fundamentales.
Manos Limpias basa su acusación en el Real Decreto 91/1985 de 23 de enero, que establece entre las funciones y atribuciones de REE garantizar la seguridad y calidad del servicio eléctrico, determinar y controlar el nivel de garantía nacional en el sistema, asegurar la reposición del servicio y, en definitiva, asumir la responsabilidad del funcionamiento del sistema eléctrico nacional.
Además de los fallecimientos, la denuncia detalla otros graves perjuicios causados por el apagón: crisis de ansiedad entre la población, decenas de personas atrapadas en trenes, metros y ascensores, cancelaciones de citas hospitalarias, así como importantes daños en sectores como el agrícola, la industria, la hostelería, el turismo, el comercio y la alimentación. En palabras del propio sindicato, miles de ciudadanos quedaron «tirados como perros» debido a las cancelaciones en los medios de transporte.
Advertencias ignoradas desde 2020
Uno de los aspectos más controvertidos que recoge la denuncia es la afirmación de que «los técnicos de Red Pública Española y expertos en la materia ya alertaron desde el año 2020 de que podría producirse una catástrofe de estas dimensiones». Según Manos Limpias, el Consejo de Europa estableció ese mismo año que la ratio de interconexión para el sistema eléctrico español debía alcanzar el 10%, cuando en realidad solo tenía establecido el 6%.
Este dato podría resultar crucial para determinar si existió negligencia por parte de la dirección de Red Eléctrica, al no haber tomado las medidas necesarias para prevenir un fallo de sistema de tal magnitud pese a contar con advertencias técnicas previas.
Una investigación en curso y bajo secreto
Mientras la denuncia de Manos Limpias sigue su curso judicial, cabe destacar que la Audiencia Nacional ya ha abierto una investigación sobre el apagón. El juez José Luis Calama, encargado de indagar si pudo tratarse de un sabotaje informático, declaró este miércoles secreta la causa a petición de la Fiscalía, lo que añade un halo de misterio sobre las verdaderas causas del incidente.
Por su parte, Beatriz Corredor ha descartado presentar su dimisión y ha asegurado que un apagón de estas características «no volverá a ocurrir», aunque no ha ofrecido explicaciones detalladas sobre las causas ni sobre las medidas que se tomarán para evitar futuros incidentes similares.
Un país paralizado durante nueve horas
El apagón del lunes paralizó prácticamente toda la actividad en la península ibérica, afectando tanto a España como a Portugal. El Consejo de Ministros se ha reunido de manera extraordinaria para evaluar la investigación y el impacto en todos los ámbitos de este histórico corte de suministro eléctrico, que ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas del país.
La denuncia de Manos Limpias, que advierte que podría ampliarse «según se vayan conociendo más datos», supone un primer paso en la exigencia de responsabilidades por lo que el sindicato considera una negligencia imperdonable en la gestión de un servicio esencial para el funcionamiento del país.
Impacto económico y social sin precedentes
El impacto económico del apagón ha sido devastador. Con pérdidas estimadas en más de 1.600 millones de euros, numerosos sectores se han visto gravemente afectados. El sector agrícola ha sufrido daños en sistemas de riego y cadenas de frío; la industria ha visto paralizada su producción; la hostelería y el turismo han perdido ingresos significativos; y el comercio ha experimentado importantes pérdidas por la imposibilidad de realizar transacciones electrónicas.
En el ámbito social, además de los cinco fallecimientos confirmados, miles de personas quedaron atrapadas en ascensores, trenes y metros, generando situaciones de pánico y ansiedad. Los hospitales tuvieron que cancelar citas y operaciones programadas, y los servicios de emergencia se vieron desbordados ante la magnitud de la crisis.
La denuncia presentada por Manos Limpias representa solo el primer paso en lo que podría convertirse en un largo proceso judicial para determinar responsabilidades en uno de los mayores fallos de infraestructura crítica en la historia reciente de España. Mientras tanto, la sociedad española sigue recuperándose de un apagón que ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestro sistema eléctrico y la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad y respuesta ante emergencias de esta naturaleza.
