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Brutal.
A media mañana de este 9 de junio de 2025 se vino el terremoto judicial y, por ende en este caso, político.
El magistrado Ángel Hurtado, del Tribunal Supremo, ha decidido procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en el marco del caso que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Este procedimiento marca la primera vez que el máximo responsable del Ministerio Público se enfrenta a juicio penal, con una posible condena de hasta cuatro años de cárcel y consecuencias políticas imprevisibles.
El auto judicial también alcanza a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y sitúa a ambos a un paso del banquillo. El asunto gira en torno a la supuesta filtración a los medios de comunicación de un correo electrónico confidencial remitido el 2 de febrero de 2024 por la defensa de González Amador a la Fiscalía. En dicho mensaje se ofrecía a reconocer delitos fiscales para pactar con el Ministerio Público, una información que, según la instrucción, debía estar protegida por estricta reserva profesional.
Claves del procesamiento: filtraciones, móviles borrados y presiones políticas
La investigación judicial ha puesto el foco en varias acciones que han alimentado el escándalo:
- Filtración del correo electrónico: El núcleo del caso está en el envío a un medio digital del contenido reservado del correo entre letrado y fiscal. El juez considera que hay indicios sólidos para pensar que fue facilitado desde la propia cúpula fiscal.
- Presuntas indicaciones desde Moncloa: El instructor destaca que la actuación se habría desencadenado “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”, tras la publicación inicial sobre el posible pacto fiscal con González Amador.
- Borrado masivo de mensajes: La instrucción revela que García Ortiz cambió de teléfono móvil y eliminó sus mensajes de WhatsApp tras abrirse la causa en octubre, complicando las pesquisas sobre las comunicaciones internas en torno a la filtración.
- Registro policial: La Guardia Civil registró los despachos y dispositivos tanto del fiscal general como de la fiscal jefe provincial, hallando indicios relevantes especialmente en el segundo caso.
El auto establece ahora un plazo de diez días para que las partes personadas soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento. Si se abre juicio, Pilar Rodríguez quedaría suspendida cautelarmente según normativa interna, mientras que García Ortiz no estaría obligado a dimitir automáticamente gracias a su estatus especial como fiscal general.
Reacciones políticas y malestar institucional
La reacción política no se ha hecho esperar. El Gobierno central mantiene su respaldo público al fiscal general y apela a su “presunción de inocencia”, mientras critica abiertamente al magistrado instructor. Desde la Fiscalía insisten en que García Ortiz continuará en su puesto defendiendo “la integridad institucional” y niega toda responsabilidad penal.
Se están volviendo tan locos que incluso se ven cosas tan dantescas como la de Óscar Puente…
Sin embargo, el ambiente dentro de la carrera fiscal es tenso. Ya en enero parte de la cúpula había pedido su dimisión mediante una carta pública en la que alertaban sobre los “daños innecesarios e intolerables” causados al prestigio del Ministerio Público. Ahora, con el procesamiento formalizado, ese malestar amenaza con desembocar en una crisis interna sin precedentes.
En paralelo, desde las filas populares —y muy especialmente desde Madrid— se interpreta el caso como un ejemplo más de “guerra sucia” institucional dirigida contra adversarios políticos. El entorno de Ayuso reclama responsabilidades inmediatas y acusa al Gobierno central y a la cúpula fiscal de utilizar información reservada con fines partidistas.
Un caso inédito: implicaciones legales e impacto mediático
Este procesamiento abre un escenario absolutamente inédito para las instituciones españolas:
- Nunca antes un fiscal general había sido procesado ni había tenido que sentarse en el banquillo por delitos cometidos durante su mandato.
- La revelación afecta directamente a los equilibrios entre poderes del Estado y pone bajo los focos tanto al Ministerio Público como al propio Ejecutivo.
- La posible condena podría acarrear inhabilitación y penas privativas de libertad para García Ortiz y Pilar Rodríguez.
La cuestión no solo es jurídica o política; también mediática. La gestión pública (y filtrada) del caso Ayuso ha multiplicado portadas y tertulias sobre privacidad, confidencialidad procesal y uso partidista de secretos oficiales.
Curiosidades y detalles llamativos
- En los registros policiales ordenados por el Supremo no se halló rastro alguno en los dispositivos personales del fiscal general… porque todos los mensajes habían sido borrados tras abrirse diligencias. Un toque casi novelesco digno de serie policiaca nacional.
- El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal permite que el titular quede blindado frente a ciertas consecuencias internas mientras ocupa el cargo, lo que deja a García Ortiz —al menos por ahora— atornillado al puesto aunque avance el proceso judicial.
- Esta causa arranca tras meses de cruce público entre Moncloa y Génova por las investigaciones fiscales sobre González Amador, lo que ha dado pie a todo tipo de teorías conspirativas sobre “guerra judicial” y “lawfare” patrio.
- El magistrado Hurtado señala expresamente una actitud “frenética” dentro de la Fiscalía por “ganar el relato”, término ya convertido en trending topic político español.
El desenlace judicial aún está por escribirse, pero lo seguro es que este episodio pasará a los anales como uno de los mayores terremotos vividos por las instituciones democráticas españolas desde 1978. Y si algo no falta son ingredientes para nuevos capítulos… o para guionistas inspirados.
