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En un movimiento que solo puede calificarse de repugnante.
Sumar, la coalición de extrema izquierda liderada por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para rendir homenaje a los últimos ejecutados por el régimen franquista, entre ellos dos terroristas de ETA y tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).
Programada para coincidir con el 50 aniversario de estas ejecuciones, el 27 de septiembre de 2025, la iniciativa tilda cínicamente a estos asesinos convictos como “presos políticos” y exige su reparación moral y la recuperación de su memoria colectiva. Lejos de ser un acto neutral de justicia histórica, esta propuesta apesta a oportunismo político, posiblemente destinada a complacer a Arnaldo Otegi y sus aliados de Bildu, cuyos vínculos históricos con el entorno de ETA son innegables.
La proposición, impulsada por diputados como Nahuel González, Gerardo Pisarello y Enrique Santiago —secretario general del Partido Comunista—, aboga por un acto institucional que reconozca a todas las personas ejecutadas durante la dictadura por “razones políticas, ideológicas, de conciencia, creencia religiosa o identidad sexual”. Entre los homenajeados estarían Jon Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui, miembros del brazo político-militar de ETA, junto a Ramón García Sanz, José Luis Sánchez-Bravo y Xosé Humberto Baena Alonso del FRAP. Estos cinco fueron los últimos fusilados en 1975, en los últimos días del régimen de Francisco Franco.
La propuesta de Sumar es particularmente indignante porque incluye a individuos condenados por crímenes de sangre. Txiki, integrado en el brazo militar de ETA desde 1974, participó en el asesinato del subinspector de Policía José Díaz Linares y en un atraco donde murió el cabo primero Ovidio Díaz López. Por su parte, Otaegui fue señalado como cooperador necesario en el asesinato del cabo primero de la Guardia Civil Gregorio Posada Zurrón. Aunque los juicios de la época, tramitados por consejos de guerra, carecían de garantías democráticas, las pruebas de su implicación en estos atentados son irrefutables. La equiparación de estos terroristas con “presos políticos” no solo distorsiona la historia, sino que pisotea la memoria de las víctimas de ETA y el FRAP.
Esto es Bildu. Sin blanqueamientos ni tergiversaciones https://t.co/8J0wAPffWu
— AVT (@_AVT_) September 16, 2025
Un insulto a las víctimas
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha reaccionado con contundencia, calificando la iniciativa como un “insulto” a las víctimas. En un mensaje en X, la AVT condenó la exaltación de Txiki y Otaegui como “luchadores por la libertad”, afirmando que “no fueron héroes ni mártires, sino terroristas de ETA responsables de asesinatos”. La organización también criticó una reciente exposición organizada por Bildu en Azpeitia en homenaje a ambos etarras, señalando que estos actos son una “falta de respeto inaceptable”. La propuesta de Sumar lleva esta afrenta a un nivel nacional, al pretender institucionalizar el reconocimiento de asesinos en la sede de la soberanía legislativa.
La iniciativa de Sumar no es un simple ejercicio de memoria histórica, sino un cálculo político nauseabundo. Al incluir a terroristas en un homenaje general a las víctimas del franquismo, la formación de Yolanda Díaz parece buscar el favor de Bildu, un partido que, aunque hoy opera dentro de la legalidad, nunca ha condenado inequívocamente los crímenes de ETA. La figura de Arnaldo Otegi, líder de Bildu y símbolo de la izquierda abertzale, planea sobre esta propuesta como un recordatorio de las alianzas tácticas que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez. Este intento de blanquear a asesinos bajo el manto de la “reparación moral” no solo es moralmente indefendible, sino que también arriesga alimentar la polarización y el resentimiento social.
Un dilema ético
La propuesta de Sumar plantea un desafío ético: ¿cómo abordar las injusticias de la dictadura sin glorificar a quienes cometieron actos de violencia? Los procesos franquistas fueron, sin duda, carentes de garantías, pero equiparar a víctimas de la represión con terroristas responsables de asesinatos es una aberración. La exigencia de un acto institucional con participación de grupos parlamentarios y asociaciones de memoria democrática busca dar legitimidad oficial a esta infamia, pero ignora el dolor de quienes sufrieron la violencia de ETA y el FRAP.
En un contexto de creciente polarización, la iniciativa de Sumar no solo reabre heridas, sino que las envenena. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez guarda silencio, la propuesta pone sobre la mesa un dilema: ¿es posible una memoria histórica que no traicione a las víctimas del terrorismo? La respuesta determinará si el 50 aniversario de los últimos fusilamientos franquistas será un momento de reconciliación o un nuevo capítulo de división y agravio.
