Sentenciado.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desestimado la solicitud de Baltasar Garzón para revocar su expulsión del ámbito judicial, argumentando que la sentencia del Tribunal Supremo, que lo inhabilitó, sigue vigente.
Esta resolución llega a pesar del pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que determinó que el proceso judicial vulneró los derechos fundamentales del exmagistrado.
La salida de Garzón de la judicatura data de 2012, cuando fue condenado por prevaricación e interceptación ilegal de comunicaciones en el contexto del caso Gürtel.
Su inhabilitación especial para desempeñar funciones como juez o magistrado durante once años fue confirmada por el CGPJ, lo que significó su adiós definitivo a la carrera judicial.
Aunque el informe de la ONU en 2021 concluyó que su proceso fue arbitrario y que se violaron sus derechos, el CGPJ sostiene que no hay motivos para revisar su decisión sin una previa revisión de la sentencia por parte del Tribunal Supremo.
Antecedentes del caso
Baltasar Garzón ejerció como juez en la Audiencia Nacional desde 1988 hasta su expulsión en 2012. Su trayectoria estuvo marcada por su participación en casos relevantes, como el caso Gürtel, una red de corrupción política que involucró a integrantes del Partido Popular. En esta investigación, Garzón autorizó escuchas a los abogados de los acusados, un acto que fue considerado ilegal por el Tribunal Supremo.
La condena a Garzón por prevaricación y su posterior inhabilitación fueron ratificadas por el CGPJ en febrero de 2012. Esta decisión contó con el apoyo de 20 de los 21 miembros del pleno del CGPJ, sellando así su expulsión del ámbito judicial. A pesar de las críticas y las solicitudes de indulto presentadas por entidades como MEDEL (Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades), la sentencia ha permanecido inalterada. En mayo de 2012, MEDEL solicitó un indulto al Ministerio de Justicia, argumentando que la pena era desmedida, pero esta petición no obtuvo respuesta.
El dictamen de la ONU
En julio de 2021, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un dictamen señalando que la condena contra Garzón transgredió sus derechos fundamentales al no contar con un juicio justo. El comité exigió una «reparación integral» para el exmagistrado, incluyendo la revisión de su condena y medidas para evitar futuras violaciones similares. A pesar de este pronunciamiento, el CGPJ ha mantenido su postura, alegando que la sentencia del Tribunal Supremo es válida hasta que sea revisada o anulada mediante un procedimiento legal correspondiente. Así, el CGPJ considera que no tiene capacidad para revocar su acuerdo de 2012 sin una revisión previa por parte del Supremo.
No obstante, se ha abierto un expediente para rehabilitar a Garzón, aunque esto no implica su reincorporación al sistema judicial. Este proceso podría permitirle recuperar ciertos derechos profesionales y académicos; sin embargo, dada su edad —cumplirá 70 años este mes— y la jubilación obligatoria a esa edad, regresar a la judicatura es prácticamente inviable. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha instado al Ministerio de Justicia a cumplir con las reparaciones solicitadas por la ONU, lo cual incluye eliminar sus antecedentes penales y proporcionarle una compensación adecuada. Esta solicitud se fundamenta en el dictamen internacional y en el reconocimiento de que los derechos fundamentales de Garzón fueron infringidos durante su proceso legal.
Además, se ha pedido que se publique en el Boletín Oficial del Estado el dictamen emitido por la ONU y se tomen medidas para prevenir futuras violaciones similares. La Fiscalía también ha solicitado la creación de «proyectos normativos adecuados» para garantizar imparcialidad en los procesos judiciales y evitar situaciones como las vividas por Garzón. Sin embargo, hasta ahora, el silencio administrativo del Ministerio ha llevado a la Fiscalía a demandar una compensación por daños y perjuicios.
El caso de Garzón ha suscitado opiniones divergentes: algunos lo consideran un ejemplo claro donde es necesaria una «reparación integral» para restablecer sus derechos fundamentales; otros opinan que cualquier resolución debe gestionarse a nivel nacional sin injerencias internacionales. Así las cosas, mientras el CGPJ decide no anular su expulsión, se mantiene un punto crítico en torno al caso; y el pronunciamiento del organismo internacional actúa como recordatorio sobre las implicaciones legales y políticas implicadas.
Por otro lado, es notable cómo la Fiscalía adopta una postura más favorable hacia una reparación integral frente a la firmeza mostrada por el CGPJ al mantener vigente la sentencia. Todo esto transforma al caso en un tema recurrente sobre independencia judicial e intervención internacional dentro del marco legal español. La negativa del CGPJ a revisar su expulsión ha sido interpretada como un rechazo frente a las recomendaciones emitidas por la ONU; esto plantea interrogantes sobre cómo se implementan realmente los dictámenes sobre derechos humanos en España.
La inminente jubilación obligatoria y los años avanzados suman presión para encontrar una solución definitiva respecto a su situación; aunque reincorporarse resulta casi imposible. En conclusión, este asunto sigue siendo un punto conflictivo entre los estándares internacionales y las decisiones locales judiciales; con un futuro legal aún incierto y tenso. La decisión adoptada por el CGPJ acerca de mantener firme su postura respecto a Garzón cierra puertas hacia una posible reintegración pero abre debates sobre cómo mejorar los procedimientos judiciales para evitar futuras vulneraciones en materia de derechos fundamentales. Con todo lo sucedido hasta ahora, este caso se erige como punto crucial dentro del debate sobre justicia e independencia judicial en España; además será objeto continuo análisis durante años venideros.
