La semana judicial inicia fuerte para Pedro Sánchez.
El magistrado instructor que investiga a la trama de corrupción socialista como el caso Koldo, ha emitido un auto de procesamiento para José Luis Ábalos, exministro de Transportes; su antiguo asesor Koldo García; y el empresario Víctor de Aldama.
Leopoldo Puente, a través de una resolución de 47 páginas, ha cerrado la instrucción de lo que se conoce como operación Delorme y sugiere llevar a juicio a los tres por delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos relacionados con la adjudicación de contratos multimillonarios para la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
La reciente determinación del Tribunal Supremo ha hecho vibrar los pasillos del Congreso, de Moncloa y de Ferraz.
La decisión pone fin a la especulación sobre si Ábalos iba a renunciar a su escaño en el Parlamento para intentar dilatar el proceso. Con la decisión, independientemente de lo que haga quien fuera la mano derecha de Sánchez será juzgado por el máximo tribunal.
Este caso, que se remonta a los agitados meses de 2020, no solo afecta a los protagonistas más visibles, sino que pone en jaque la imagen de la gestión pública en uno de los momentos más críticos en la historia reciente del país. Las investigaciones indican que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa logró, gracias a la mediación de los implicados, hasta 12 adjudicaciones públicas por un total que ronda los 53 millones de euros, incluyendo fondos europeos, para suministrar material sanitario.
Comisiones, influencias y una red bien engrasada
El auto judicial describe un «concierto de voluntades» entre Ábalos, Koldo y De Aldama, quienes habrían aprovechado el caos administrativo y la urgencia inicial provocada por la pandemia para favorecer ciertos contratos públicos a empresas específicas propuestas por De Aldama, todo ello a cambio de jugosas comisiones. La investigación revela que Koldo García, conocido por su lealtad política y su trayectoria sindical, habría recibido comisiones directas al conectar estas compañías con altos cargos y facilitarles el acceso a contratos públicos sin los controles habituales.
Entre los contratos cuestionados sobresalen:
- Adjudicaciones por 24,2 millones de euros para ocho millones de mascarillas gestionadas por Puertos del Estado, bajo el Ministerio de Transportes.
- Otros contratos millonarios gestionados a través de Adif, la Secretaría de Estado de Seguridad, el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares, todos ellos bajo un procedimiento urgente.
Su forma habitual de operar incluía triangular fondos mediante sociedades pantalla establecidas en Luxemburgo y Brasil. Esto complicaba el seguimiento del dinero e incrementaba las sospechas sobre blanqueo y desvío de fondos europeos. Motivo suficiente para que interviniera la Fiscalía Europea.
Un terremoto en la política nacional
Este golpe judicial llega en un momento delicado para el Gobierno y el Partido Socialista. Uno de sus exministros más emblemáticos se enfrenta ahora a un procesamiento por corrupción justo cuando consideraban que había ganado algo de aire.
No hay que olvidar que parte del dinero implicado proviene directamente de fondos europeos. Esto ha levantado ampollas en Bruselas e impulsó a la Comisión Europea a exigir máxima colaboración y transparencia en las indagaciones. El caso no solo podría afectar a los tribunales españoles; si se confirma un desvío significativo de fondos europeos podría tener repercusiones internacionales que inquietan especialmente a las instituciones comunitarias.
Todo indica que este asunto llegará pronto ante los tribunales. El instructor ha decidido separar esta pieza central sobre comisiones y contratos sanitarios e investigará además otra línea relacionada con posibles amaños en obra pública; esto podría generar nuevos escándalos con importantes ramificaciones políticas.
Una curiosidad digna de mención es que Soluciones de Gestión se convirtió casi en proveedor exclusivo del Ministerio de Transportes durante el Estado de alarma pese a carecer completamente de experiencia previa en el sector sanitario; esto fue posible gracias al apoyo brindado por un pequeño círculo cercano. Además, hay una investigación abierta sobre si parte del material sanitario nunca llegó o si era inferior al estándar acordado, añadiendo así una capa más grave al asunto.
