El Gobierno ha decidido indultar a las seis sindicalistas de la CNT, quienes fueron condenadas a tres años y medio de prisión por coacciones contra el dueño de la Pastelería La Suiza en Gijón.
Esta medida se produce nueve meses después de que las activistas ingresaran en el Centro Penitenciario de Asturias, cumpliendo una sentencia que fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2024 y que el Tribunal Constitucional rechazó recurrir en noviembre del mismo año.
Este indulto marca un cambio político importante en un caso que ha dividido a la opinión pública: algunos lo ven como una criminalización de la protesta laboral, mientras que otros lo consideran un castigo adecuado debido a la presión ejercida.
La historia de esta condena se remonta a 2017, cuando las sindicalistas organizaron quince concentraciones frente al local gijonés para exigir una indemnización para una empleada despedida injustamente.
La trabajadora, que estaba de baja por maternidad, solicitó la ayuda del sindicato para negociar su salida laboral tras negarse a reincorporarse. El empresario desestimó tanto la indemnización de unos 6.000 euros como la retirada de la denuncia interpuesta contra la pareja de la empleada. Las movilizaciones, que tuvieron lugar entre mayo y septiembre de 2017, cesaron cuando el dueño decidió cerrar definitivamente el negocio y abandonar Gijón, alegando que las protestas habían influido notablemente en su decisión.
La sentencia que provocó un intenso debate
En 2022, la Audiencia Provincial de Asturias confirmó la condena y, posteriormente, el Tribunal Supremo hizo lo mismo en 2024. Este último consideró que las acciones sindicales fueron «coercitivas» y sobrepasaron el ejercicio legítimo de la libertad sindical y de expresión. Cada una de las seis condenadas recibió dos años por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, además de tener que abonar una indemnización conjunta al empresario que asciende a 150.000 euros. Desde un inicio, diversas organizaciones sindicales, políticas y sociales pusieron en tela de juicio la proporcionalidad del fallo, argumentando que constituía una criminalización sin precedentes del activismo sindical en democracia.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue una de las primeras en manifestar su desacuerdo con esta condena, calificándola como «escandalosa» y subrayando que «en democracia esto nunca ha sucedido». El Gobierno del Principado de Asturias también respaldó la solicitud del indulto, al igual que hizo la Federación Socialista Asturiana. Desde la CNT se defendió con firmeza que las seis activistas solo habían ejercido su derecho a protestar laboralmente en defensa de una compañera que denunciaba acoso laboral y sexual. Además, el sindicato destacó un posible componente discriminatorio relacionado con el género, dado que cinco de las seis condenadas eran mujeres luchando por sus derechos laborales; algo que fue considerado «imperdonable» por parte del sector patronal.
El indulto como respuesta política
La decisión del indulto supone una solución política a un conflicto que ha tensado las relaciones entre el Ejecutivo y ciertos sectores del poder judicial. Aunque todavía no hay pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el recurso presentado por la CNT ante este organismo internacional, el Gobierno ha optado por abordar esta situación mediante esta medida excepcional. El indulto no solo libera a las seis sindicalistas, sino que también cierra un episodio relevante en los debates sobre los límites del activismo laboral y la libertad de expresión en España.
Esta resolución llega en un momento clave para el Ejecutivo, ansioso por fortalecer su apoyo entre sectores progresistas y movimientos sociales. Para quienes han defendido a las condenadas, este indulto simboliza una victoria en favor de la justicia social frente a lo que consideraban un fallo desproporcionado. No obstante, los detractores plantean interrogantes acerca de la seguridad jurídica y los criterios utilizados para tomar decisiones sobre indultos. Lo cierto es que el caso conocido como «las seis de La Suiza» ha dejado una marca profunda en el discurso sobre los derechos sindicales en España, generando jurisprudencia que seguirá siendo objeto de análisis en futuras controversias laborales.
