El magistrado Ángel Luis Peinado, encargado del caso Begoña Gómez, ha pasado de ser el investigado a convertirse en demandante. Ha interpuesto una querella contra la Cadena SER y el portal digital El Plural por haber vulnerado su intimidad al revelar la dirección exacta de su chalet en Ávila. No se trata de un asunto trivial: está reclamando 350.000 euros por daños morales y otros 100.000 euros adicionales por lucro cesante, tal como se detalla en el auto judicial.
Este conflicto surge en un momento particularmente tenso. Peinado está investigando posibles irregularidades en los contratos relacionados con la esposa del presidente Pedro Sánchez, lo que ha incrementado las fricciones con ciertos medios de comunicación. Hace unas semanas, tanto la SER como El Plural publicaron la ubicación precisa de su hogar, acompañada de fotografías, argumentando que había un interés público debido a su implicación en causas delicadas. Sin embargo, el juez no comparte esa visión: sostiene que esta revelación pone en peligro su seguridad y la de su familia, especialmente considerando las amenazas que recibe debido a su labor judicial.
En el detalle completo de la demanda contra la SER y El Plural se especifica que esta acción legal se fundamenta en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Peinado exige que los medios eliminen inmediatamente el contenido ofensivo y publiquen una rectificación. Si su demanda tiene éxito, podría establecer un precedente significativo en la eterna batalla entre libertad de prensa y derecho a la intimidad.
Antecedentes del lío
La controversia tiene sus raíces en la cobertura del caso Begoña Gómez. Medios como El Plural y la SER han criticado con dureza a Peinado, acusándolo de actuar con parcialidad. En respuesta, estos medios decidieron publicar datos personales del juez, incluyendo desde la matrícula de su vehículo hasta la dirección exacta de su chalet.
- Cronología clave:
- Marzo 2026: Publicación inicial con coordenadas GPS.
- Abril: Peinado envía burofax exigiendo retirada inmediata del contenido.
- 5 de mayo: Presenta demanda formal ante los juzgados de Madrid.
Este episodio no es un hecho aislado. Rememora situaciones como el caso Koldo o las filtraciones relacionadas con Kitchen, donde jueces y periodistas han protagonizado enfrentamientos similares antes. Pero aquí, el importe reclamado –un total de 450.000 euros– eleva considerablemente las apuestas en este juego judicial.
¿Qué pasa ahora?
La demanda ya ha sido admitida en el juzgado correspondiente. Los medios implicados se defenderán argumentando que la información era pública gracias al catastro y que, al ser un funcionario público, Peinado no puede considerarse un ciudadano anónimo. Si el juez falla a favor del magistrado, podrían establecerse indemnizaciones millonarias y fomentar una autocensura en futuras coberturas judiciales; mientras que un fallo contrario podría reforzar el valor del periodismo investigativo.
En el ámbito político español, esto reaviva el debate sobre el fenómeno conocido como lawfare. El partido popular (PP) ha apoyado públicamente las acciones de Peinado, mientras que desde el partido socialista (PSOE) lo interpretan como una forma de acoso hacia los medios. ¿Y si le echamos un poco de humor? Imagina al juez recibiendo cartas no con mensajes alentadores, sino con facturas pendientes de pago provenientes de la propia SER.
Y para añadir más contexto, cabe mencionar que Peinado adquirió su chalet en Ávila en 2018 por unos 250.000 euros según registros oficiales, y ha recibido más de 50 amenazas este año solo por ejercer su función judicial. Por otro lado, cabe destacar que El Plural, fundado en 2012, cuenta con aproximadamente 2 millones de visitas mensuales, cifras que invitan a reflexionar sobre esta situación tan compleja.
