Además de descaradamente corruptos, desvergonzadamente antidemocráticos.
Es lo que caracteriza al Régimen Sanchista.
Para echarse las manos a la cabeza: un Ejecutivo que no gobierna, en minoría en el Parlamento y aferrado a unas cuentas públicas prorrogadas durante ya cuatro años y un Tribunal Constitucional claudicante, entregado, maleable, cuya presidencia, encabezada por Cándido Conde-Pumpido, solo sirve a los intereses de Pedro Sánchez.
Un equipo jurídico para respaldar la prórroga presupuestaria
Y ahora, otra vuelta de tuerca.
Desde la presidencia del TC se está montado un grupo de trabajo interno, en realidad una cuadrilla de izquierdistas, con la ñúnica misión de preparar los argumentos jurídicos para una futura sentencia sobre la constitucionalidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez continúe gobernando con los Presupuestos prorrogados de forma indefinida, en un contexto de Parlamento muy fragmentado.
Esta iniciativa se enmarca en un recorrido reciente del tribunal que ya había generado controversia: el respaldo a la ley de amnistía vinculada al proceso independentista catalán, aprobado por una mayoría de magistrados de perfil progresista frente a la oposición de los de perfil conservador. Críticos del tribunal describen este organismo como un actor que tiende a avalar las decisiones legislativas más relevantes del Ejecutivo.
Composición y consecuencias del grupo
Según fuentes citadas por la prensa, los letrados que integrarían este nuevo equipo coincidirían en parte con quienes ya trabajaron en los informes previos sobre la amnistía. Esto alimentaría, según los críticos, tres efectos: una continuidad doctrinal que tiende a interpretar de forma amplia lo no explícitamente prohibido por la Constitución; la percepción de un bloque interno alineado con la mayoría progresista del pleno; y una creciente desconfianza de la oposición hacia estos técnicos, a quienes ven como actores con peso ideológico en las resoluciones.
El debate de fondo: gobernar sin Presupuestos nuevos
Aunque la Constitución no fija un límite temporal para las prórrogas presupuestarias, el sistema presupuestario se apoya en principios como el control parlamentario anual del gasto y los ingresos, la adaptación de las cuentas a la realidad económica, y la responsabilidad política de un Gobierno que no logra aprobar nuevos Presupuestos.
Un respaldo del Constitucional a la prórroga indefinida tendría, según los analistas críticos citados, varias consecuencias: protegería al Ejecutivo de acusaciones de incumplimiento constitucional, reduciría el coste político de no presentar nuevas cuentas, y sentaría un precedente que otros gobiernos podrían replicar en el futuro, debilitando el debate presupuestario anual como mecanismo de control.
Una doctrina con hilo común
Para los críticos de esta línea del TC, tanto la sentencia sobre la amnistía como la futura resolución sobre las prórrogas presupuestarias compartirían un mismo objetivo de fondo: facilitar la continuidad del Gobierno de Sánchez pese a su situación parlamentaria minoritaria. El papel de Conde-Pumpido como presidente, con capacidad para marcar la agenda del pleno, sería —según esta lectura— central en ambos procesos, lo que habría contribuido a una percepción pública de un tribunal cada vez más polarizado, donde magistrados y letrados son vistos por algunos sectores como bloques alineados políticamente más que como juristas independientes.
Lo que se espera de Europa
Varios analistas críticos apuntan a que la próxima pieza de este escenario podría llegar desde instancias europeas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene pendientes varias cuestiones prejudiciales relacionadas con la ley de amnistía, planteadas por jueces españoles que dudan de su compatibilidad con el Derecho comunitario, especialmente en lo relativo a la independencia judicial, el principio de separación de poderes y las normas europeas contra la corrupción y el blanqueo de capitales.
Para los críticos del Gobierno, una eventual respuesta desfavorable de Luxemburgo supondría un golpe político de gran magnitud, ya que dejaría en entredicho no solo la amnistía, sino también la legitimidad de las decisiones del Constitucional que la han respaldado. Sin embargo, también señalan que estos procesos europeos suelen alargarse durante años, lo que permitiría al Ejecutivo seguir operando con normalidad mientras se resuelven, e incluso agotar la legislatura antes de que exista un pronunciamiento definitivo.
La amnistía como precedente «ilegal»
Desde sectores opositores y diversos colectivos judiciales se sostiene que la ley de amnistía constituiría, en sí misma, un fraude de ley: una norma diseñada ad hoc para beneficiar a los socios parlamentarios del Gobierno, eliminando responsabilidades penales derivadas de hechos vinculados al referéndum ilegal de 2017 y a la posterior fuga de varios de sus líderes.
Los argumentos que se repiten en este ámbito crítico incluyen:
La vulneración del principio de igualdad ante la ley, al aplicarse una norma de perdón diseñada para un grupo concreto de personas y hechos.
La posible contradicción con los principios de separación de poderes, dado que se trataría de una decisión legislativa orientada a anular resoluciones judiciales previas.
El riesgo de sentar un precedente por el cual cualquier mayoría parlamentaria pueda aprobar amnistías a medida cuando necesite apoyos para sostenerse en el poder.
Quienes defienden esta lectura consideran que el aval del Constitucional a la amnistía, lejos de cerrar el debate, lo habría judicializado aún más, trasladando la última palabra a instancias europeas y abriendo la puerta a una crisis institucional prolongada, en la que la legitimidad de las normas aprobadas dependería, en última instancia, de tribunales situados fuera de España.
