La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y a Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeño, a nueve años de inhabilitación cada uno por un delito de prevaricación administrativa. La sentencia, recién conocida, supone un golpe judicial de relevancia política, aunque ambos se libran de la prisión al ser absueltos del delito de tráfico de influencias.
Una condena inesperada que evita la cárcel
Según el análisis del especialista jurídico Fernando Fanego, en 24×7, el espacio de Alfonso Rojo en Periodista Digital, la resolución sorprende relativamente.
La Fiscalía había pedido desde el inicio la absolución de todos los investigados, postura que mantuvo a pesar de las acusaciones particulares presentadas por Vox, Hazte Oír y Justicia Europa. «No deja de ser una sentencia condenatoria, son nueve años», señaló Fanego, quien esperaba una condena más contundente dados los indicios que constaban en la instrucción.
El tribunal ha considerado probada únicamente la prevaricación administrativa, descartando condenar por tráfico de influencias, un delito que las acusaciones consideraban manifiesto durante la investigación. La sentencia ha sido unánime, dictada por tres magistrados de la Audiencia Provincial, con uno de ellos actuando como ponente.
El contexto político y las consecuencias
David Sánchez tomó posesión en 2017 de un cargo presuntamente creado expresamente para él en la Diputación de Badajoz, en un proceso orquestado por Miguel Ángel Gallardo, quien era entonces candidato del PSOE en las elecciones extremeñas. Según consta en el proceso, Gallardo llegó a retirarse temporalmente del partido y dejó su acta para facilitar estos movimientos administrativos.
El hermano del presidente del Gobierno, músico de profesión, ha protagonizado varios escándalos relacionados con su cargo: desconocía la ubicación de su puesto de trabajo y, pese a tener residencia fiscal en Portugal, habría vivido oculto en La Moncloa. Estos elementos han alimentado la polémica desde que estalló el caso.
Riesgo político evitado
Fanego destacó que existía un «riesgo político» si la sentencia hubiera sido absolutoria: «Si hubiese sido absuelto, como pedía la Fiscalía, la máquina mediática gubernamental nos hubiese arrasado diciendo que esto demostraba que no hay nada». La condena, aunque templada al evitar la prisión y el tráfico de influencias, mantiene un titular jurídico contundente en un momento de «vorágine de corrupción, escándalos y acusaciones».
La sentencia admite recurso ante el Tribunal Supremo, por lo que el proceso judicial aún no ha concluido. Las reacciones políticas se esperan explosivas en las próximas horas, en un contexto electoral y mediático especialmente sensible para el Gobierno de Pedro Sánchez.
