MADRID, 7 (OTR/PRESS)
Hace un par de años, cambié mi servidor telefónico de Internet. Me costó muchas gestiones, muchas llamadas, muchas protestas. Cuando intenté retornar, me secuestraron mi línea de acceso y me tuvieron casi un mes sin que la nueva compañía me diera acceso y sin que la vieja dejara de practicar el secuestro de mi derecho a contratar con quien me plugiera.
Y lo mismo sucedía con los números móviles. Hubo tantas protestas y tantas quejas que intervino el Gobierno, y las compañías de telefonía dejaron de abusar de sus clientes y ex-clientes. ¿Todo solucionado? Ni muchísimo menos.
En estos momentos, el pobre consumidor español que quiera conservar su número de teléfono y marcharse de una compañía a otra, deberá pasar por una serie de engaños en cadena donde le aducirán, desde que los datos informáticos de la nueva compañía no le han llegado hasta que no coinciden el número del D.N.I, pasando por toda clase de artimañas que lleven consigo el aplazamiento de la decisión.
Estamos hablando de compañía solventes, de empresas multinacionales que tienen prestigio en todo el mundo y que se comportan en España como extorsionadores callejeros, como pícaros de barrio, como marrulleros de taberna. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta degradación, a esta bajeza sistemática, a este infame ejercicio del comercio que avergonzaría al más humilde de los tenderos?
No tengo la explicación empírica, pero creo que se juntan dos factores: la aversión a denunciar del consumidor español, como acto fallido que lleva aparejado la pérdida de tiempo, y la escasa diligencia de las oficinas de defensa del consumidor aliadas a una falta de rigor que nunca se tiene con el administrado de a pie.
El efecto combinado de ambos factores faculta la existencia perversa de unos modos bellacos en unas compañías, las de telefonía, que se comportan como pandilleros de baja estofa.
Luis Del Val.
