MADRID, 16 (OTR/PRESS)
El etarra de Juana Chaos, unos de los más sanguinarios asesinos de la banda terrorista ETA va a salir en libertad el próximo dos de agosto. Ha cumplido su pena como autor material de veinticinco asesinatos y esas son las normas del estado de Derecho.
Hasta ahí nada que objetar. Pero hay una parte sustancial de la sentencia que no ha cumplido y es la que afecta a la indemnización a los familiares de sus numerosas víctimas.
A ninguno de ellos ha pagado ni un céntimo del dinero que estipuló la condena. Se declaró insolvente y todavía debe mas de millón y medio de euros.
Con la misma fiereza con la que defendió su derecho a salir a la calle cuando se le aplicó una nueva condena por una artículo suyo en el que se vertían amenazas contra la entonces Directora General de Prisiones, con la misma fiereza la fiscalía debe defender ahora el derecho de las víctimas a ser resarcidas en lo que, según la Justicia, es suyo: las indemnizaciones que fijo el juez.
De Juana llevó a cabo entonces una huelga de hambre que se convirtió en una verdadero chantaje al Estado, porque si el Gobierno le dejaba morir era evidente que esa iba a ser la justificación para que ETA volviera a los asesinatos.
Fue trasladado a un hospital de San Sebastián, se pago un enorme precio político por la decisión, se acusó al ejecutivo desde las filas del PP y organizaciones afines de cobardía y de ceder al chantaje terrorista y, en plan provocación el etarra se dedicó a pasear por los alrededores del centro médico en cuanto recuperó las fuerzas.
Muy pronto, por cierto. Mientras tanto había muerto su madre y el piso en el que vivía pertenecía a su hermana. Esta se lo vendió a su novia que más tarde se convertiría en su mujer. Y eso es concretamente lo que la fiscalía quiere averiguar; si se trató de una venta ficticia.
En ese piso de San Sebastián piensa vivir el etarra con su mujer, Iratí Arantzabal, cuando salga de la cárcel dentro de dos semanas. El fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, pide el embargo preventivo y fulminante del citado piso sospechando que se ha hecho un alzamiento de bienes y que la casa en realidad es del etarra y que con ella se podría dar a las víctimas parte de los que se les debe.
Eso no quiere decir que el asesino y su mujer no puedan vivir allí hasta que se investigue quien es el verdadero propietario del inmueble.
Y es que una cosa es respetar a rajatabla las normas del Estado de Derecho, incluso frente a los asesinos que quieren destruirlo, y otra es que a los demócratas se nos tome el pelo.
Victoria Lafora.
