MADRID, 4 (OTR/PRESS)
A estas alturas, y cuando ya se nos ha anunciado el acuerdo de principio entre PP y PSOE para renovar el Tribunal Constitucional en las próximas semanas, está aún por ver si dicha renovación se producirá una vez que haya dictaminado sobre el Estatuto de Cataluña, o será cuestión que tendrán que heredar los sucesores en el cargo. De momento, parece que ese Estatut es piedra de choque y de escándalo entre las administraciones central y autonómica catalana.
Mientras Solbes invoca la aplicación de la Constitución, a la hora de determinar la futura fórmula de financiación autonómica, en cambio, el tripartito catalán al que se une CiU invocan el Estatut como palabra suprema y decisiva.
Y eso sucede cuando estamos a punto de llegar al nueve de agosto, que es la fecha en la que el Estatut, aún en manos del TC, fijaba como tope para haber establecido el nuevo modelo de financiación para Cataluña. Solbes insiste, contra lo que mantienen sus correligionarios del Partido Socialista de Cataluña, que la Constitución determina que corresponde al Estado garantizar la financiación de todas las competencias transferidas a todas las comunidades autónomas.
Y, por supuesto, rechaza la insoportable exigencia del tripartito catalán de que el Gobierno central aporte 12.700 millones de euros más al sistema global de financiación autonómica, de los que la Generalitat y el Govern de Catalunya se beneficiarían con tres mil millones más de los actuales.
Frente a estas tesis «centralistas», Montilla, Castells y los suyos sostienen la teoría de que el Estado únicamente debe garantizar un mismo nivel de prestación de servicios en sanidad, educación y servicios sociales.
El Gobierno central añade a esos mínimos la garantía de que las CC.AA. tendrán recursos suficientes para prestar también todas las restantes competencias transferidas. Y para ello, Solbes, además de ampliar la participación de las CC.AA. en la recaudación del IRPF, IVA e impuestos especiales, creará un fondo estatal de solidaridad para cubrir las restantes necesidades financieras.
Luego queda por aplicar las correcciones que algunas comunidades reclaman en función de población, inmigración, dispersión geográfica, envejecimiento poblacional…
Al PSC de Montilla y Castells no le gustan estos planteamientos «generalistas», y el portavoz del PSC, Miquel Iceta, ya ha advertido de la radicalización que pudiera producirse en Cataluña si fracasa la negociación, es decir, si lo acordado no se atiene a los planteamientos de Castells, incluso hasta la reclamación de un modelo como el que disfrutan vascos y navarros, de concierto y cupo.
En cuanto a los trabajos del TC, asegura este lunes «La Vanguardia» que ha ultimado una primera deliberación sobre su sentencia del Estatut, pero que será el renovado Tribunal, posiblemente para finales de octubre, el que resuelva la cuestión.
Dice el informador que el TC podría dictar sentencia antes «si se diera mucha prisa», pero que aún le queda lo más difícil: hallar fórmulas de consenso sobre la cuestión de la financiación y la política lingüística. Siempre según esta versión, el TC acompañaría al texto algunas consideraciones de tipo interpretativo.
Por ejemplo, la que indique que no se podrá sostener una relación exclusivamente bilateral con el Gobierno, y que será imprescindible que la Generalitat asuma el sistema general de financiación de todas las autonomías. El TC tratará de evitar que aparezcan otros modelos de financiación similares al vasco o al navarro.
Por lo que se refiere al empleo del catalán, es probable que el TC advierta, asimismo, contra una derivación hacia el monolingüismo en la vida oficial o en la vida social. Pero son sólo avances o filtraciones. Del dicho al hecho…
José Cavero
