MADRID, 7 (OTR/PRESS)
China es la potencia que en un futuro inmediato pondrá contrapeso al poder hegemónico norteamericano; en poco más de veinte años y si la Unión Europea no soluciona sus problemas para tener una política única de exterior y de defensa, China será el otro extremo de una balanza que equilibrará o no al mundo en función de la capacidad de concertación entre oriente y occidente.
Sin duda China tiene un régimen autoritario en el que el estado de derecho se aplica desde parámetros que no son siempre respetuosos con los derechos humanos. El ejemplo de Tíbet, de donde no se tiene información precisa para hacer un diagnóstico acertado, es claro: ha habido represión de una insurrección civil que también causó muchos muertos y persecución y destrucción de propiedades de ciudadanos de origen chino. La cercanía de los Juegos Olímpicos fue determinante de la contundencia de la represión.
En ese contexto, un juez de la Audiencia Nacional ha pedido el procesamiento de altas autoridades Chinas, entre ellas varios ministros, por delitos contra la humanidad. ¿Tiene algún sentido esta iniciativa judicial? La lógica de esta competencia de la justicia española, desde nuestro punto de vista interno, está situada en que los crímenes contra la humanidad que no se pueden juzgar en el país en donde presuntamente se cometieron y que no reconoce las competencias del Corte Penal Internacional, tienen acogida en el ordenamiento español.
España, que no fue capaz de depurar ninguna responsabilidad derivada del golpe militar, la guerra civil y la dictadura, clausuradas todas ellas por la Amnistía general de 1.977, se erige en guardián del orden jurídico internacional para juzgar a los villanos que como el general Franco cometieron tropelías en sus países. Es un gesto hermoso, con una retórica humanitaria que tiene muchas complicaciones políticas y consecuencias que pueden ser contradictorias para la evolución hacia la democracia de los países en donde se quiere intervenir.
Está el precedente del procesamiento que llevó a cabo el juez Baltasar Garzón contra el dictador Pinochet. Ese caso promovió un choque entre la pasión y la razón. Es difícil no alegrarse de la detención, procesamiento y condena de un individuo tan odioso como Pinochet.
Eso juega a favor de los jueces justicieros. Pero es de dudoso sentido común que un país como España que tiene al dictador Franco enterrado en el Valle de los Caídos como a un héroe y cuya nieta se pavonea y cobra de la televisión pública por la notoriedad de su apellido, se dedique a perseguir tiranos por el mundo, mientras ex ministros de Franco, que asistieron a Consejos de Ministros que firmaron sentencias de muerte, salen a la calle como si las responsabilidades de los sátrapas españoles fueran de distinta naturaleza y más entendibles que la de los mandarines chinos.
Los Juegos Olímpicos son un momento de inflexión fundamental en la expansión de China. Lo verdaderamente humanitario es facilitarle al país asiático su transición a un sistema respetuoso con los derechos humanos y compatible con sus dimensiones, su cultura y su gobernabilidad. Pero la Justicia española pretende situarse por encima de todo.
Carlos Carnicero.
