MADRID, 9 (OTR/PRESS)
España es un país dado a alimentar debates apasionados que no por serlo resultan más positivos ni racionales. Pero el estilo del país es el que es, y también hay que saber convivir con él, dado que los cambios sociales y políticos suelen ser lentos. Un ejemplo claro de este tipo de situaciones es el nuevo Estatuto de Cataluña.
Concebido para lograr que dicha Comunidad se sintiera más a gusto en España, terminó sin satisfacer a nadie, en medio de una polémica disparatada en la que el PP quiso ganar fuera de Cataluña lo que iba a perder allí, y sin que los partidos que ocupan la centralidad política catalana supiesen aprovechar la oportunidad histórica que se le estaba abriendo gracias al impulso del federalista Pasqual Maragall, a quien terminaron matando entre todos, incluidos sus propios compañeros.
El nuevo Estatut -votado por una minoría, harta de su clase política- cumple ahora dos años y si su gestación llenó a todos de frustraciones, su aplicación no digamos. El Gobierno no está cumpliendo el Estatuto catalán, como si no fuese una ley orgánica del Estado y sin reparar en que su mal ejemplo no anima precisamente a los ciudadanos a cumplir las leyes.
Este primer desplante gubernamental se centra, entre otras cosas, en no tener encauzada la financiación autonómica, con lo cual se lleva por delante un mandato explícito del Estatut que aprobó el Congreso y que ratificaron los catalanes en referéndum.
Cataluña se debate ahora entre seguir buscando el acuerdo o echarse un poco al monte. No faltan cantos de sirena en este último sentido, aunque conociendo a los catalanes seguramente terminará imperando el camino hacia el pacto. Pero no son ellos los que están vulnerando las leyes, sino el Gobierno de España.
El presidente Montilla dijo en ese sentido que el nuevo sistema de financiación puede ser coral para que sea compartido por otros, pero siempre que tenga la letra y la música del Estatut. Guste o no lo que dice el mandatario catalán, tiene la ley de su parte y en un Estado de derecho las leyes están para ser cumplidas.
Todos sabemos que Navarra y Euskadi disfrutan de unos privilegios fiscales de dudosa constitucionalidad y a nadie se le ocurre querer cambiarlos. Ni siquiera al PP.
José Luis Gómez.
