MADRID, 2 (OTR/PRESS)
Con indudable fuerza abre el curso judicial el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, conocido internacionalmente por otra serie de iniciativas tan ruidosas y controvertidas como la que ahora lanza.
Si en su momento causó sensación su propósito de encarcelar y juzgar a Pinochet por los crímenes de su régimen durante la dictadura, y actuó de forma parecida contra algunas actuaciones de la junta militar argentina, ahora se vuelve sobre el régimen franquista y sus víctimas de la guerra civil de hace setenta años.
Garzón, en efecto, se ve con fuerza para lanzar la mayor investigación sobre los desaparecidos del régimen de Franco, y para ello, recurre reclamando datos al Gobierno y a la Iglesia y sus parroquias acerca de los que se calcula que pueden ser noventa mil, o más de cien mil, muertos en aquella guerra fratricida.
Desde el primer momento, hay división de opiniones sobre la iniciativa de Garzón; que algún medio no duda en llamar «causa general», tal y como «el Movimiento» llamó en su momento a la descripción de los horrores que pudieron haber cometido «los rojos»: mientras las asociaciones de la Memoria Histórica acogen la decisión judicial con satisfacción y con cautela, en algunos medios que desde hace tiempo tienen a Garzón en su ojo de mira, no han dudado en hablar de «truculenta garzonada» que ni siquiera puede ser tomada en serio, y de puro disparate sin opción alguna a salir adelante.
Por ejemplo, se anticipa ya que la Iglesia ve inviable el requerimiento de Garzón, mientras Llamazares pide a los ayuntamientos que colaboren con el juez, frente a los demás partidos y líderes políticos, que prefieren no opinar. El ministro Rubalcaba justifica la decisión del juez en el hecho de que muchas familias sigan sin conocer el destino de los restos de sus familiares muertos en la guerra.
Pero la división de opiniones ni siquiera escapa a la personalidad del propio juez y sus singularidades. En El Mundo, que se distingue por su resistencia y oposición a la iniciativa de Garzón, se recuerdan que este juez de nombre internacionalmente conocido por sus iniciativas, es particularmente aficionado a la espectacularidad en sus actuaciones y en sus fracasos.
¿Qué pretende, y dará de sí esta «ocurrencia» del Juez de la Audiencia? Lo que pretende lo ha podido explicar Rubalcaba, que ha recordado ese derecho a los sucesores de las víctimas a conocer qué fue de sus víctimas. Lo que dará de sí es incierto. Dependerá del entusiasmo que consiga en las instituciones a las que Garzón se ha dirigido con sus peticiones de datos: los alcaldes de Madrid, Sevilla, Grada y Córdoba, a los responsables de 22.827 familias, la Conferencia Episcopal, la Abadía del Valle de los Caídos… El abad, por cierto, ya ha reaccionado, y afirma que no le consta un listado de muertos.
En cuanto al Episcopado, espera a recibir la notificación judicial antes de pronunciarse. La Policía Judicial tiene ante sí una tarea hercúlea y de muy difícil cumplimiento: investigar, cuando existan, los 22.827 archivos de iglesias, o los documentos que otros centros, como la referida Abadía, pudieran tener de los, según se calcula, treinta mil enterrados en la basílica del antiguo Valle de Cuelgamuros, en San Lorenzo del Escorial. En suma, Garzón se propone confeccionar la mayor lista y más completa de las víctimas de Franco conocidas hasta la fecha, una especie de réplica, precisamente, a aquella famosa y muy indocumentada Causa general cuya autoría se atribuyó al abad fray Justo Pérez de Urbel y en el que colaboró, según su propia confesión, un ilustre periodista llamado Carlos Luis Alvarez, Cándido.
¿Conducirá a alguna parte la investigación de Garzón sobre la Memoria Histórica, o sólo al pataleo y las protestas de muchos?
José Cavero.
