MADRID, 3 (OTR/PRESS)
La proverbial falta de rigor que nos aqueja a los periodistas -por supuesto, me incluyo-, nos lleva a olvidar que la supuesta cruzada del juez Baltasar Garzón contra los crímenes del franquismo y la guerra civil en realidad está en fase de diligencias previas por las denuncias presentadas por asociaciones de recuperación de la memoria histórica y algunos familiares de las víctimas de aquel sórdido periodo de nuestra historia.
Aún no han sido admitidas a trámite las denuncias. Tampoco sabemos cómo serán calificados los hechos denunciados. Ni siquiera sabemos si el polémico juez se va a declarar competente para abrir la causa correspondiente. Todo eso está abierto. Y también está abierta, en toda su crudeza, la causa de los enemigos de Garzón contra sus actuaciones jurisdiccionales encaminadas a contar con un arsenal de datos suficiente para encajar las desapariciones y los asesinatos del franquismo y la guerra civil en la calificación de «crímenes contra la humanidad».
Sin esperar a saber si el sol saldrá por Antequera o por Mieres, un diario madrileño, en un inclemente proceso de intenciones a este magistrado de la Audiencia Nacional, ha escrito en línea editorial que Garzón no quiere hacer Justicia sino instrumentalizarla para sus fines personales. Me parece una lamentable falta de respeto. Y también se lo parece a la Junta de Jueces de Instrucción, que se ha dirigido al CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), para que se pronuncie sobre el editorial de «El Mundo» del pasado martes, donde se ponía en entredicho la integridad profesional de Garzón y se desbordaban los límites del derecho a criticar las resoluciones judiciales, al parecer de los jueces.
Este periódico y otros opinadores se han puesto la venda antes de que Garzón haya herido a nadie. Conviene esperar. Al menos hasta que Garzón califique los hechos denunciados y se declare competente para instruirlos. En principio, no descarta el encaje de estos asesinatos y desapariciones en los llamados crímenes contra la humanidad, según la doctrina de Nuremberg y el vigente Tribunal de Roma respecto a la jurisdicción universal y la no prescripción. Es la única vía a seguir para mantener viva la causa abierta por asociaciones y ciudadanos particulares, pues si el encaje de los hechos denunciados fuese el de delitos comunes, la competencia no sería de la Audiencia Nacional.
Se acusa al juez Garzón de querer abrir una causa general contra el franquismo. Eso requiere un amplio y fehaciente soporte documental y eso pretende con su masivo requerimiento de datos a las autoridades civiles y eclesiásticas. También a las familias y asociaciones denunciantes. Lo complicado es lograrlo para seguir adelante. Por la dispersión de fuentes, la falta de medios, las numerosas desapariciones no documentadas e imposibles de documentar setenta y dos años después, o la previsible resistencia a remover el pasado. Y en este punto es donde uno cree que los esfuerzos de Garzón son inútiles. Y los esfuerzos inútiles, decía Ortega, conducen a la melancolía.
Antonio Casado.
