Victoria Lafora – La última palabra


MADRID, 3 (OTR/PRESS)

El supuesto escándalo de las sedaciones paliativas del hospital de Leganes, que costó el puesto de trabajo y la honra a más de la mitad de la dirección del centro, sería impensable en Andalucía. Pero, a partir de ahora, ilegal.

Mientras el Gobierno de Zapatero dilata cualquier legislación que roce la eutanasia, Andalucía ha tenido el coraje de afrontar un proyecto de ley por el que se prohibirá la obstinación terapéutica, e incluso se podrá llegar a multar a aquellos facultativos que se ensañen intentando mantener con vida a un paciente agónico con multas de hasta un millón de euros.

Es un paso más en el testamento vital, ese empeño del hombre de hoy por defenderse de los adelantos tecnológicos y médicos que han convertido el hecho de morirse en una epopeya rodeada muchas veces de dolor y sin ninguna libertad para decir basta.

La Ley de la muerte digna, que ahora pretende regular la Junta de Andalucía quiere, nada más y nada menos, prohibir las medidas inútiles para prolongar la vida cuando no hay solución y el enfermo está en una fase terminal. Porque no se trata de vivir a cualquier precio, sino de vivir sin dolor y con la dignidad que uno elige o cree merecer; no lo que los demás decidan qué es dignidad.

Será el enfermó quién tenga la última palabra sobre el tratamiento que se la va a aplicar y podrá rechazar la medicación propuesta por los médicos aunque con ello ponga en peligro su vida. Porque al final se ha comprendido que su vida es suya y de nadie más. Por eso, la norma ampara las sedaciones paliativas, que se podrán recibir incluso en el domicilio del paciente.

En Andalucía, cuando la Ley entre en vigor, los facultativos tendrán que abstenerse de imponerle al paciente sus conceptos morales, religiosos, éticos, o de cualquier orden para hacerle cambiar de idea sobre como quiere morir. Se limitarán a escuchar hasta donde llega el límite de su esperanza o su capacidad de dolor y respetar su decisión.

Está norma obligará por igual a centros públicos y privados para que no se repita la historia de la paciente granadina, Inmaculada Echevarria, que fue trasladada a un hospital de la Seguridad Social para que se le desconectara la ventilación mecánica a la que vivía atada, al negarse la orden de San Juan a cumplir la sentencia. Esto no es la eutanasia, es el derecho a no sufrir hasta el último segundo.

Victoria Lafora

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