MADRID, 4 (OTR/PRESS)
Saben todos ustedes que los integrantes del llamado diálogo social, patronal, sindicatos y gobierno, mantuvieron ayer, finalmente, su primera reunión de trabajo, después de algunos contactos previos.
Las informaciones de la reunión, todas ellas, se encabezan hoy con la noticia de que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, anunció la supresión de la contratación de inmigrantes en origen en 2009, y que sólo habrá permisos excepcionados o para cumplir convenios internacionales.
La razón de Corbacho es fácil de entender y de compartir: Si aquí, en España, tenemos excedente de mano de obra, ¿qué sentido tiene ir a buscarla fuera, ni siquiera en contratación preestablecida y pactada «en años de abundancia», cuando presidentes de comunidades como Esperanza Aguirre reclamaban más inmigrantes para atender las necesidades de la región?.
Pero esa noticia de Corbacho -«propondré que los contratos en origen para inmigrantes se aproximen a cero»-, según ha trascendido, la habría ocultado el ministro a los restantes integrantes de la mesa de diálogo y la anunció, posteriormente, «casi por casualidad», dice un cronista, a los medios informativos. Otro destaca abiertamente que el ministro ocultó la medida a los agentes sociales de la reunión de ayer, varios de ellos segundas figuras de los sindicatos, por ejemplo.
Ciertamente, el propósito del ministerio y del Gobierno parece claro: se trata de conseguir que las empresas necesitadas de personal recurran a los parados residentes en España, frenando una inmigración que ni siquiera ha cesado en los últimos meses, y pese a la crisis ya bien apreciable por doquier.
Hubo otro asunto que, según parece, éste sí planeó sobre la reunión del diálogo social: cómo hacer del Inem un instrumento más eficaz en la búsqueda de empleos, en un momento en el que abundan los parados. Corbacho, de entrada, reconoció que este Servicio Público de Empleo entrará en déficit precisamente como consecuencia del incremento de parados: medio millón de personas más han incrementado esa nómina en lo que llevamos de año, y es previsible que el número siga creciendo en los meses siguientes. Precisamente, como consecuencia de esos incrementos, el gasto por prestaciones por desempleo se ha disparado un 37,7 por 100, y sólo en el último mes ese gasto ascendió a casi 1.700 millones, para un total de 1,73 millones de beneficiarios.
Pero de entre las informaciones acerca de la reunión del Diálogo Social, hay otra no menos preocupante, dado el papel sustancial que el jefe del Gobierno ha dado a estos agentes sociales a la hora de afrontar medidas contra la crisis. Según esta información a la que me refiero, la concertación social se ha enredado en procedimientos, y después de cuatro reuniones ya llevadas a cabo, los papeles de compromisos no terminan de aparecer. Eso sí, se han fijado las fechas de las siguientes mesas de trabajo, y se han establecido mesas temáticas para sistematizar el trabajo.
Pero de las prioridades del diálogo social, muy poco o nada. Esas prioridades se centran en la reforma de los servicios públicos de empleo, el desvío de empleados por cuenta ajena al colectivos de autónomos, la formación profesional y la búsqueda de fórmulas que permitan a los parados de la construcción a trabajar en otras actividades. En esta última cuestión, sí se aprobó negociar con las Comunidades Autónomas que busquen posibles trabajos para estos parados en tareas de interés colectivo, como la recuperación de espacios naturales o prestación de servicios sociales. Pero la cuestión sigue viva: ¿da de sí, el diálogo social, todo lo que de él se espera?
José Cavero
