MADRID, 6 (OTR/PRESS)
Es normal que quien ejerce el mando y el poder de vez en cuando se vea en la necesidad de rectificar sus propias posiciones. Lo irregular sería lo contrario: que alguien mantuviera a toda costa sus planteamientos. En la cuestión de la inmigración, parece evidente que el Gobierno ha ido «modulando» su mensaje, o rectificándolo de vez en cuando.
Posiblemente algo parecido se pueda decir del PP en esta o en otras materias. Pero ésta de la inmigración ha sido particularmente controvertida para no pocos españoles: entre otras cosas, por la notable sensibilidad que sigue teniendo hacia quienes llegan a buscar empleo a un país y unos ciudadanos que tienen todavía viva en la memoria el éxodo de muchos miles de españoles que se vieron forzados a buscar trabajo en Alemania, Francia, Suiza, Bélgica… allá por los años cincuenta y sesenta.
A poco que estos ciudadanos y sus familias piensen en aquella necesidad y cómo la atendieron los países vecinos, no podrá resistirse a los planteamientos de quienes estos años acuden a España en parecida peregrinación, en particular, si llegan de muy lejos o en penosas circunstancias, como los iberoamericanos o los africanos. ¿Cómo resistir a esas oleadas, cuando en ocasiones anteriores uno se ha beneficiado de actuaciones parecidas?
En sentido contrario es posible que hayan actuado algunos sentimientos de egoísmo e incluso de racismo y xenofobia de quienes han pensado que el extranjero viene a robar un empleo escaso.
En los últimos años hemos ido comprobando las distintas actuaciones y actitudes que los ciudadanos y sus representantes políticos han ido registrando sobre el particular: la generosidad de los tiempos del ministro Caldera, las críticas de la Oposición a tanta tolerancia, y las rectificaciones del ministro Corbacho, a su vez, corregido por la vicepresidenta De la Vega, una vez más ejerciendo la ecuanimidad del Gobierno. Recuérdese cómo Rajoy hizo de esta materia una de las más beligerantes en la campaña electoral. El PP quiso beneficiarse de un cierto hartazgo y exceso de inmigrantes, ya apreciable en algunas zonas del país: en apenas un lustro se había llegado a tener más de un diez por ciento de inmigrantes, con los aspectos positivos y negativos que eso estaba significando: es bien cierto que ejercen trabajos que desprecian los nacionales -limpieza de ciudades, asistencia del hogar-, o que atienden necesidades que los nacionales no están en condiciones de satisfacer -cuidados a la tercera edad, recogida de cosechas-…
Pero no es menos cierto que se van asegurando puestos de confianza y de responsabilidad que, obviamente, desean no pocos nacionales. Y cuando llega una crisis económica que sitúa en el paro a dos millones y medio de personas, es lógico que, a la hora de buscar ocupación, se piense en la doctrina «primero, los de casa»… Pues bien, en esa coyuntura se ha producido un episodio curioso, y posiblemente revelador de lo cambiantes que son o pueden llegar a ser las políticas de cada día. Lo que fue generosidad y tolerancia, primero, y luego exigencias y recortes, ahora es «un término medio»: inmigrantes sí, pero no demasiados, han venido a decir, estos días, tanto muchos empresarios como algunos dirigentes del PP, a quienes la «doctrina Corbacho» -inmigración próxima a cero-, había llegado a desbordar por la derecha.
Corbacho había anunciado que ni siquiera se solicitarían los cupos pactados con distintas nacionales, fruto de acuerdos bilaterales largamente buscados y deseados. Que ya había suficientes parados como para echar mano de ellos… Y en este punto, llegaron las quejas de empresarios y del PP, a quienes tampoco complace tanta exigencia y rigor. Hasta el punto de que la vicepresidenta De la Vega haya tenido que reprender a su colega de Gabinete, el titular de Trabajo, con la muy repetida expresión «no hay que decir esa frase», sobre la contratación en destino de inmigrantes «aproximada a cero». Corbacho ha admitido que «algo debí decir mal»…, mientras en su cabeza va admitiendo los matices: ni tanto rigor ni tanta generosidad.
Pero los contratos son para cumplir. Sobre todo, porque pese a los 2,5 millones de parados, Rajoy y los empresarios de Murcia y Almería siguen comprobando la necesidad de que lleguen otros inmigrantes dispuestos a recoger la vendimia o cualquier otra cosecha que se niegan a recolectar «por el precio de la subvención al paro», como ha puntualizado CCOO, los trabajadores españoles en paro. Ese trabajo, sugieren los sindicalistas y los parados, debe tener un precio bien distinto.
José Cavero.
