MADRID, 9 (OTR/PRESS)
Finalmente, se hizo una realidad el compromiso anunciado en la entrevista que mantuvieron después del verano el presidente Zapatero y el primer jefe de la oposición, Mariano Rajoy.
Ha habido consenso, se han logrado componer los veinte miembros de este Consejo que en el momento de su creación se llamó Gobierno de los Jueces, pero poco o nada más se ha avanzado: los designados lo han sido por los principales partidos, PSOE y PP, nueve cada uno, que han dejado una presencia mínimas a los dos partidos nacionalistas de mayores dimensiones, CiU y PNV.
Y cada una de las dos grandes fuerzas políticas echa mano y se sirve de su correspondiente asociación de magistrados afín: Jueces para la Democracia para el PSOE y la Asociación Profesional de la Magistratura para el PP, con muy escasas excepciones.
Es decir, que el nuevo Gobierno de los Jueces, que viene a sustituir al viejo dos años después de que éste hubiera llegado a su fecha de caducidad, nace con los mismos defectos y vicios de sus antecesores: se repite en el Consejo del esquema del Congreso de los diputados, dos fuerzas muy importantes, y algunos elementos «sueltos» que en determinados momentos podrían suscitar alguna sorpresa o romper ese equilibrio entre los grandes partidos.
Es decir, nada ha cambiado salvo los nombres. La politización sigue intacta, o acaso reforzada. No existe la menor duda de dónde está cada cual, e incluso es de antemano perfectamente previsible lo que votará cada uno de los nuevos consejeros: exactamente lo que el partido designante les determine en cada caso.
Cabe suponer que, por lo menos mejorará su funcionamiento en lo que toca a esa tarea de «disciplinar» a los jueces y reclamar de ellos una mayor eficacia, y que tratarán de evitar, en adelante, casos como el de la niña Mari Luz y su secuestrador y probable asesino, cuya solución final todavía se discute: ¿Sanción leve o grave para el juez Tirado que, con su inoperancia, hizo posible aquel penoso y trágico suceso?
El nuevo consejo del Poder Judicial deberá decidir sobre el particular, como herencia recibida, pero que servirá para demostrar la fuerza con la que llegan a sus nuevas competencias. El Consejo del poder Judicial, con un sinfín de asesores y consejeros, ha cedido a su comisión disciplinaria la competencia en esta materia, aunque se reserve la última palabra, por la trascendencia social y la alarma pública que el asunto ha llegado a alcanzar.
¿Será útil el Consejo? No cabe esperar mucho de él, teniendo en cuenta las severísimas críticas que mereció el Consejo finalmente cesante. En buena medida, sus tareas dependerán del grado de entendimiento y consenso que mantengan los partidos que finalmente han constituido esa institución que, a lo largo de los años de su existencia, se ha demostrado de muy escasa utilidad y eficacia: la agilización de la Justicia no termina de conseguirse, tampoco su informatización, en la que se han consumido muy importantes cantidades de dinero desde hace casi treinta años, ni siquiera que la media de laboriosidad de los juzgados y de los jueces sea la razonable. Todos siguen denunciando exceso de trabajo, equipos insuficientes, medios limitados… Por lo demás, el nuevo Consejo tiene aún por determinar a su presidente, que será, también presidente del tribunal Supremo, en sustitución de Francisco José Hernando, personaje también de dudoso balance final, pero a quien los populares pretenden trasladar al Tribunal Constitucional…
José Cavero
