MADRID, 17 (OTR/PRESS)
La ilegalización de ANV, la posible disolución de los ayuntamientos en los que gobierna o la liquidación del PCTV en cumplimiento de la ley de partidos, cierran el último intento fallido de un gobierno, en estos 30 años de Democracia, de negociar con los terroristas de ETA.
Ahora el Tribunal Supremo ha confirmado lo que se sabia desde el primer momento: que esa formación política estaba subordinada a ETA, que era una pata mas de ese entramado terrorista, a cuyo sostén, desgraciadamente, contribuíamos todos los españoles con nuestros impuestos.
La decisión del Supremo confirma que nunca debió permitirse que ese partido se presentara a las elecciones de mayo del 2007, que esta errónea decisión fue un retroceso en la lucha contra el terrorismo y que el gobierno de Zapatero se equivocó al pensar que haciendo determinadas cesiones la banda se disolvería, entregaría las armas y comenzaría una andadura política dentro del sistema democrático.
El tiempo ha dejado en evidencia aquellas controvertidas afirmaciones del Fiscal general de Estado que llegó a decir que una ilegalización llevaría a una especie de » Guantanamo electoral» y la de tantos responsables socialistas que se pronunciaron en un sentido similar, llevados por la euforia del mal llamado proceso de Paz. Claro que rectificar es de sabios y no es un dato menor que haya sido el mismo gobierno que consintió que ANV fuera una marca blanca de ETA el que ahora, dando un giro copernicano, defienda la ilegalización y recomiende que se disuelvan los 42 ayuntamientos en los que gobierna.
Personalmente no necesito que los políticos cuando se equivocan salgan ante la opinión pública dándose golpes de pecho o cubran sus cabellos de cenizas, pero si resulta muy gratificante y también ejemplarizante, que los ciudadanos perciba claramente que han admitido su error y se disculpen por ello. No creo necesario, que a estas alturas de la película, el Fiscal general del Estado tenga que presentar su dimisión pero si me gustaría que, Conde Pumpido admitiera públicamente su equivocación al considerar que la aplicación de la ley debe amoldarse as las circunstancias políticas de cada momento, una barbaridad de grueso calibre que llevada al extremo acabaría con los principios básicos de la separación de poderes.
La ilegalización de ANV es un respiro para los demócratas y un varapalo para los terroristas, que ya han reaccionado a su modo: intentando matar con una bomba lapa aun polícia de Basauri. Si alguien tenia la más minima duda sobre la conexión entre ambos esa es la prueba del algodón. La moraleja es clara ¡ Nunca más ¡
Esther Esteban.
