MADRID, 16 (OTR/PRESS)
Con pocas horas de diferencia, pero sin que haya necesariamente causa y efecto, se produjeron dos hechos que tienen a la banda terrorista ETA como protagonista: primero, el tribunal Supremo anunciaba la liquidación y puesta a disposición de todos los bienes y efectos de ANV declarado ilegal.
Pocas horas más tarde, se conocía la más reciente actuación terrorista de la banda: Un policía de Basauri llegó a recorrer diez o doce kilómetros, hasta la comisaría, con una bomba lapa adosada a los bajos de su coche.
Por fortuna, el artefacto no llegó a estallar, al parecer por un fallo en su colocación. ¿Hay relación entre ambos hechos? El ministro Rubalcaba invita a pensar que no hay tal, porque la banda sigue con el decidido propósito de matar y que lo hace cuando puede, pero tampoco hay que excluir que los etarras hubieran querido que la ilegalización de su rama política municipal se tratara de compensar con el asesinato de un agente del orden… Lo cierto es que, finalmente, el Supremo actuó, y que la banda terrorista, por fortuna, falló en sus propósitos criminales.
Hoy, el Supremo vuelve a sus papeles: ahora para determinar, con toda probabilidad, la ilegalización de la otra rama de Batasuna, la rama parlamentaria, llamada PCTV. Es reseñable la capacidad que Batasuna ha tenido n los últimos años para poner en pie una nueva sigla cada vez que las autoridades de la Nación han declarado ilegal la anterior. Hasta siete siglas distintas ha puesto en marcha Batasuna-ETA con la misma suerte que ahora tienen ANV y PCTV, su declaración de fuera de juego y su exclusión de la vida pública vasca.
La persecución política y jurídica de la banda en estas ramificaciones últimas tiene, en ambos casos, dos propósitos meridianos: el primero, el de tener presencia en dos instancias políticas de primera importancia: ANV en los ayuntamientos vascos y navarros, y el PCTV en el Parlamento vasco. En uno y otro caso, asimismo, la organización «política» de la banda terrorista ha venido percibiendo unos formidables ingresos directamente del Estado español, por razón de los concejales o de los parlamentarios obtenidos en las votaciones populares.
Primero el juez Garzón y ahora el tribunal Supremo, tratan de cortar de una vez, definitivamente, esos ingresos saneados y paradójicos que un Estado ha venido concediendo amablemente a su enemigo declarado a muerte… El Supremo inicia este miércoles las deliberaciones que verosímilmente terminarán el viernes en una sentencia similar a la conseguida ayer por unanimidad entre los magistrados de la llamada Sala 61 del Tribunal Supremo. Quedan ilegalizadas las dos organizaciones, y expropiados sus bienes…, probablemente a la espera de conocer cuáles serán los siguientes movimientos de la banda y de Batasuna para buscar siglas nuevas con las que presentarse a las siguientes elecciones, que serán las que elijan nuevo Parlamento, y consiguientemente, jefe del Gobierno vascos.
Como tampoco podía esperarse de otro modo, ha habido una voz crítica, la del PNV, que ha discrepado de la decisión del Supremo. Repetidamente, los nacionalistas justifican la necesidad de que haya siglas y fuerzas políticas capaces de agrupar o aglutinar a los llamados aberzales, que no tienen por qué ser proetarras, ni siquiera pro batasunos, pero que sí sostienen tesis y reivindicaciones muy próximas a las que sostienen, con la fuerza de la violencia más extrema, o de la kale borroka, las organizaciones proetarras.
Por lo demás, la doble decisión del Supremo es, con toda probabilidad, el «canto de cisne» o actuación final de Francisco José Hernando como presidente de esa Sala y del Supremo. Hernando, como el Consejo del Poder Judicial, hace un par de años debieran haber cesado en su cargo para ser, ambos, renovados. Hernando ha apurado un poco más el ejercicio de su cargo para no tenerse que interrumpir las deliberaciones que, finalmente, llegan a la decisión perfectamente previsible de ilegalizar ANV y PCTV.
José Cavero.
