MADRID, 18 (OTR/PRESS)
No parece que haya dos sin tres: Mientras el tribunal Supremo sentenciaba como ilegal a la rama municipal de Batasuna, ANV, y discute si hará otro tanto mañana viernes con la rama parlamentaria de la misma banda «civil» de ETA, PCTV, la Audiencia Nacional atacaba a su vez, declarando ilegal a otra de las ramas de la misma trama, Gestoras Pro Amnistía, por considerarla también organización terrorista.
De manera que 21 jefes de la estructura abertzale han sido condenados a penas de entre ocho y diez años. Se trata de tercer macroproceso, con la tercera condena, llevado a cabo contra estructuras del entorno de ETA.
No cabe ser optimistas: con bastante probabilidad, en el momento en que estos individuos eran retirados de la sociedad vasca y pasaban a la cárcel de Soto de El Real, a la vez, es seguro que estaban naciendo nuevas organizaciones y nuevas siglas en esa factoría de ideas y denominaciones que siempre han sido ETA y Batasuna, y que ha dado a luz, sucesivamente, a un número abrumador de organizaciones y siglas, todas con su correspondiente tarea.
Una cosa hay que admirar en la banda, y esa insistencia en sucederse y sobrevivir, y cabe extraer idéntica conclusión: la lucha no tiene que cesar nunca, hasta que se termine de una vez ese entramado social y político que también es ETA, y sobre el que, en ocasiones, se ha pretendido ser benévolo y tolerante. No cabe tal posibilidad: el malo siempre se rehace y se repone, y siempre habrá una bomba lapa que colocar en los bajos del automóvil de un policía nacional…
Precisamente, en la misma jornada en que se ha dado cuenta de esa ilegalización de Gestoras, cuenta ABC que sólo 24 horas después del fallo del Supremo como ANV, los ediles de esta formación se agrupan bajo la marca de Izquierda Abertzale, con lo que persigue cerrar filas ante sus bases para evitar su dispersión política y mediática tras su ilegalización…
De manera que, ciertamente, tras el fracaso de las negociaciones para un final dialogado de la banda, estamos asistiendo a una severa lucha por terminar con cada una de sus ramificaciones, de manera implacable, desde las distintas formas de actuación del Estado: El Gobierno mediante su ministerio de Interior, y la Justicia mediante el tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Todos aprietan, desde sus correspondientes atribuciones y competencias, para que esta vez no se produzcan fisuras y se llegue, finalmente, a la asfixia total y definitiva de una banda que sigue deseosa de matar y de hacer presión sobre los ciudadanos de este país.
Queda todavía por romper otro hilo más: el que se mantiene entre los propios etarras o proetarras de la vida social con esa vida social y política. Y de ello hay prueba en las manifestaciones de enfado que han expresado algunos dirigentes del PNV, siempre en la dudosa ambigüedad de no saber si conviene la extinción o la colaboración… Si les conviene o les resulta contraproducente. Esa duda la resuelven el día de un atentado, y la vuelven a plantear cuando se produce una decisión de jueces y tribunales.
José Cavero.
