MADRID, 20 (OTR/PRESS)
Era otro fin de semana, hace justamente un mes, y de repente, sobre el cielo de Madrid y a la altura de Barajas, se empezó a elevar una sospechosa columna de humo. Las informaciones iniciales en los distintos medios radiofónicos y televisivas fueron confusas: un accidente, sí, pero tal vez sin víctimas, o con muy pocas…
A medida que transcurría el tiempo, el número de víctimas mortales crecía y crecía. La muerte se cobró la última, la número 154, una persona ya ingresada en un centro médico. Desde ese día, hace treinta, los medios informativos hemos desarrollado la tarea que nos es propia con algunos inconvenientes: sin imágenes, porque esos son los criterios que llegaron de Estados Unidos, de cuando el 11-S, y que ya se establecieron también aquí cuando el 11-M.
Por respeto a los fallecidos en desastres y por respeto a sus familiares, no se divulgan imágenes que puedan ayudar a revivir el dolor del primer momento. De manera que hemos tenido ocasión de ver el terreno desolado y desolador en que se produjo la tragedia, cuando el avión dio tumbos sobre la pista antes de partirse y arder. En los últimos días se han podido contemplar vídeos de aquellos momentos en los que el avión rodaba hacia la tragedia, e incluso esas imágenes han sido reclamadas por el juez que instruye el caso, el juez Pérez y Pérez, que tampoco las acepta como interesantes para los ciudadanos, ávidos de conocer, un mes después, los detalles de cómo pudo haberse producido una tragedia de esas dimensiones.
El periódico al que el juez ha reclamado esas imágenes, ya divulgadas en todo el mundo, eleva hoy su protesta por esa forma de actuar del administrador de la Justicia. Es evidente que no está claro dónde empieza y termina ese derecho a ser informado sobre lo que sucede. Y menciona la doctrina del Constitucional, para el que la regulación legal del secreto sumarial no se interpone como un límite a la libertad de información. Dicho de otro modo, y para que incluso lo entiendan algunos altísimos funcionarios del Estado, pero también algunos dolidos ciudadanos que, al mismo tiempo, no tienen inconveniente en negociar indemnizaciones de 700, 800, 900 mil euros o un millón, que el de informar es un derecho constitucional que prevalece sobre el secreto del sumario, tan habitualmente despreciado incluso por no pocos de tales funcionarios públicos.
Es decir, hemos estado contemplando, a lo largo de las pasadas cuatro semanas, las evidentes e incesantes manipulaciones que la compañía aérea, la constructora del avión, la administración del aeropuerto y hasta el gremio de pilotos han venido haciendo para justificar su conducta o rehuír cualquier responsabilidad. Pero el derecho de los ciudadanos a saberlo todo parece que ha quedado relegado y olvidado. ¿A quién puede molestar, de quién puede herir la sensibilidad un vídeo que explique cómo se produjo la tragedia, una llamada a la torre de control que revele quién informó de ella en primer lugar, y el debate sobre si los flaps y su mecanismo de aviso funcionaban adecuadamente?
Algunos gremios, abogados o jueces, parece que no terminan de entender lo más obvio y elemental, que es el derecho de todos a saber lo que ocurrió, entre otras cosas, para que no vuelva a repetirse, para que se extremen las medidas para evitar que vuelva a suceder una tragedia de tales dimensiones que, un mes después, se siguen sirviendo a cuentagotas, y demasiado a menudo a beneficio de una marca concreta o de un gremio específico, y no del interés general…
José Cavero.
