MADRID, 17 (OTR/PRESS)
El juez Baltasar Garzón vuelve a estar en el ojo del huracán, donde se desatan los vientos de la reyerta permanente entre tirios y troyanos, derecha e izquierda, una de las dos Españas contra la otra, fachas y rojos, progres trasnochados y carcas irrecuperables, los unos y los otros.
Quizás le va la marcha pero se ha convertido en un adicto al charco, cuanto más hondo mejor. El último consiste en abrir una causa judicial contra el Franquismo por genocidio o crímenes contra la Humanidad, que se superpone a la causa político-administrativa abierta por la llamada Ley de Memoria Histórica.
Lo malo es que las condiciones de la operación desencadenada por el juez, si antes la Audiencia Nacional no le echa el freno (la sala de lo penal ha de resolver sobre el recurso de la Fiscalía, que está en contra de la decisión de Garzón), no invitan a pensar en un desenlace útil desde el punto de vista técnico. En las actuales condiciones, más que hablar de un eventual desenlace práctico, contante y sonante, tenemos que hablar de los esfuerzos inútiles que, como diría Ortega y Gasset, sólo conducen a la melancolía.
¿Y eso por qué? Pues sobre todo por la falta de consenso social para llevar adelante un ambicioso proceso indagatorio lo suficientemente amplio y creíble como para articular algo parecido a la condena de un régimen político por genocidio (o sea, exterminio sistemático de sus oponentes) y crímenes contra la Humanidad (más de 100.000 desaparecidos).
Delitos imprescritibles de los que serían responsables 35 jerarcas del Franquismo a los que el juez menciona con nombres y apellidos. Todo el mundo sabe que están muertos. También el juez. Pero éste necesita acreditar su fallecimiento, al menos para concluir que a estas alturas es imposible someterles a un jucio público por ese tipo de delitos.
Por ese tipo de delitos, ojo, no como responsables de delitos comunes, como el secuestro o el asesinato, pues ese tipo de responsabilidad sí quedó extinguida con la Ley de Amnistía de 1977. Y si no hubieran prescrito a esos efectos, tampoco sería competente un juez de la Audiencia Nacional para instruirlos. Si Garzón se decara competente en la denuncia presentada por veintidós asociaciones de la memoria histórica y diez ciudadanos a título particular, es precisamente porque entiende que se trata de delitos contra la Humanidad, a la luz de la doctina de los Tribunales de Nuremberg (contra los nazis, después de la segunda guerraq mundial) y del vigente Tribunal de Roma, en relación con el principio de jurisdicción universal.
En resumen, que la falta de medios, la dispersión de fuentes, la escasa calidad de los testimonios sobre hechos ocurridos hace sesenta o setenta años, la resistencia de muchos españoles a hurgar en este pasado negro de nuestra historia, y la propia muerte de los responsables de estos crímenes, son razones más que suficientes para suponer que la obstinación del juez Baltasar Garzón solo puede llevarnos a la melancolía, que es la irremediable sensación de pérdida no determinada. A diferencia de lo que ocurre con el luto, donde la pérdida está perfectamente localizada, en la melancolía tenemos la sensación de haber perdido algo, pero no sabemos exactamente qué es.
Antonio Casado.
