MADRID, 17 (OTR/PRESS)
Tal vez la mejor opción, a la altura en la que estamos, sería convertir el Valle de los Caídos en parque temático del horror; pero en todo caso, lo que haya que hacer debiera hacerse pronto, sólo porque el peso de los acontecimientos cotidianos de un mundo en crisis obliga a que los trámites pendientes con el pasado se hagan rápidos.
Todo el respeto para las víctimas, para todas las víctimas de la barbarie que carecieron de las garantías de un juicio justo. La historia, a través de la recuperación de la democracia, ya ha establecido la ignominia que contaminó todos y cada uno de los actos del franquismo desde el 18 de julio de 1.936 hasta el 20 de noviembre de 1.975.
Baltasar Garzón se ha dado el lujo de poner en papel de oficio judicial lo que consta en los libros de historia y en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados sólo porque carece del pudor de abstenerse de lo que no le compete: su mitomanía es proporcional a la longitud de una trayectoria que intentó meter en la cárcel a Felipe González -número uno de la candidatura en la que él era segundo-, sentó en el banquillo de los acusados a Augusto Pinochet, pactó la cadencia que les convenía a el y a Pedro J. Ramirez en las declaraciones de José Amedo y administra una capacidad mediática que le permite detener a una célula islamista por la mañana y procesar al cadáver de Franco por la tarde.
Lo políticamente correcto debe ser aplaudir la audacia de un juez que por escalafón entró en la Audiencia Nacional hace 25 años y al que no se le puede remover hasta que encuentre acomodo en el Premio Nóbel de la Paz o en la presidencia del Tribunal de La Haya. Mientras tanto, no hay asunto sensible sobre el que pueda pronunciarse -y que le permita acumulación de gloria- que no tenga su firma. Podemos, incluso, acostumbrarnos a convivir con esto. Ya lo hemos hecho. Porque muchos que muestran su adhesión a este juez providencial no han descubierto que es compatible la mayor indignación con el franquismo y el respeto a las formas de un estado de derecho y a los límites que debieran separar los intereses personales con la administración de la justicia.
En el fondo, Baltasar Garzón lo que ha hecho es poner contra las cuerdas al presidente de un Gobierno que tramitó la Ley de La Memoria Histórica para cerrar con dignidad un episodio negro de nuestro pasado. Garzón le ha robado al Gobierno el espacio que no ha sabido ocupar después de que la ley saliera en el BOE precisamente para sentenciar el juicio de la historia contra el franquismo y resarcir la dignidad de las víctimas.
Carlos Carnicero.
