MADRID, 17 (OTR/PRESS)
Ante todo, mi máximo respeto al derecho de manifestación, de huelga y a otros muchos derechos hace tiempo consagrados, entre ellos también -luego explico por qué lo incluyo aquí y ahora- el derecho de la mujer a abortar. Pero pienso que, aunque se discrepe de las leyes, hay que acatarlas mientras estén en vigor. Máxime cuando se trata de que las acate quien tiene que hacerlas cumplir.
Me refiero, desde luego, a la prevista manifestación, para este sábado en Madrid, de policías y guardias civiles, en protesta por cuestiones laborales. Con el reglamento en la mano, y con razón, el director general de Policía y Guardia Civil, Francisco Velázquez, ha prohibido que los miembros de la Benemérita participen en la marcha. Prohibición que, por discrepancias en la interpretación legal, parece que algunos guardias pensarían desobedecer.
No quisiera entrar en las muy probablemente justas reivindicaciones de policías y guardias civiles, funcionarios públicos cuyos méritos y esfuerzos, pese a los recientes aumentos salariales, no siempre están bien reconocidos ni equiparados con algunas policías autonómicas. Ni tampoco quiero recrearme en el hecho, que algunos consideran que podría llegar a violar la igualdad de los españoles ante la ley, de que los primeros sí puedan manifestarse y los segundos, en razón de su carácter aún militar, no.
Pero reconozco que me preocupa que quienes tienen que hacer cumplir una ley se permitan anunciar que van a desobedecerla por discrepar de su interpretación. Pocas «interpretaciones» contrarias a la ley se admiten en otros casos en los que los cuerpos profesionales y miembros de la Benemérita no están concernidos: ¿Por qué ahora se iba a hacer una excepción precisamente con ellos?
Así, el pulso entablado con las autoridades del Ministerio del Interior tiene algo de desafío de poder a poder. Pero la ley «ley es para todos» y causa cierta desazón que unos funcionarios que han de velar por su cumplimiento sean los primeros en amenazar con saltársela a la torera. Mal estamos cuando las fuerzas de Seguridad andan en estos pasos, o cuando la normativa es desafiada por algunos funcionarios judiciales y hasta por militantes feministas, que incitan a las mujeres a abortar en una suerte de barcos-pirata que operan en aguas internacionales. Algo no va bien en un país en el que algunas leyes amenazan con convertirse en papel mojado y las normas son objeto de mofa hasta por quienes deberían ser garantes de su cumplimiento. ¿Con qué autoridad moral puede exigir a los demás este cumplimiento quien es el primero en conculcarlo?
Fernando Jáuregui.
