MADRID, 17 (OTR/PRESS)
La realidad y la verdad histórica hace mucho que calificaron los crímenes de los sublevados contra el gobierno, contra el Estado y contra el pueblo español en julio del 36, pero faltaba la calificación jurídica, penal, porque los herederos de aquél golpe y de los victoriosos de aquella guerra genocida e infame, los jovenes falangistas que diseñaron y condujeron la Transición, se cuidaron de que la Justicia (heredera también en buena parte, por cierto, del franquismo) se abstuviera de intervenir nunca, por los siglos de los siglos, en relación a aquella salvajada que destruyó España, su democracia, la libertad y las vidas de tantos y tantos de sus hijos.
El auto del juez Baltasar Garzón, limitado y tardío, o limitado por lo demasiado tardío precisamente, pues los asesinos han fallecido casi todos y muchos de ellos cobrando hasta el final jugosas pensiones del Estado, no es, sin embargo, irrelevante ni baladí, pues calificando juridicamente los crímenes de quienes hundieron a España en la guerra más devastadora e implacable, rescata al Estado de las manos de quienes entonces se apropiaron de él con inusitada violencia, reintegrándole, en consecuencia, su dignidad.
Porque un Estado que se reputa garantista, democrático y de derecho, y no establece la linde entre el bien y el mal, entre las urnas y las sublevaciones armadas que las rompen, entre la política y el crímen, entre lo civil y lo militar, no es un Estado digno de ese nombre ni de respeto ninguno, en tanto que un proceso como éste, habitual en los países europeos que tras la II Guerra Mundial -de la que la de España fue sangriento prólogo- se desnazificaron, un proceso emprendido por un pilar tan básico del propio Estado como la Justicia, sitúa las cosas, siquiera simbólicamente, del lado de la civilidad y la cordura, máxime cuando ese Estado, la Justicia de ese Estado, había actuado contra los crímenes de dictaduras extranjeras, cual los casos de Argentina y Chile. Los franquistas, eso sí, están que se suben por las paredes. Es natural.
Rafael Torres.
