MADRID, 20 (OTR/PRESS)
No se trataba de amenazar a los guardias civiles que acudieran a la manifestación policial del último sábado en Madrid. Cuando en vísperas de la misma el Ministerio del Interior les advirtió de que podían incurrir en causa de sanción disciplinaria, o algo peor, simplemente les estaban recordando que la ley es para cumplirla. Y que los servidores de la misma están especialmente concernidos por esa obligación.
Bien, pues la advertencia del Ministerio sirvió para que los líderes de las asociaciones de guardias civiles -que no sindicatos, expresamente prohibidos- retirasen sus firmas de la convocatoria de la manifestación, en principio alineadas con las de los convocantes policiales. Pero los líderes sí acudieron a la manifestación, así como muchos guardias civiles. Además las siglas de sus asociaciones aparecieron en algunas pancartas. Y todo eso quiere decir que las sanciones van a ser inevitables, pues se ha desbordado el límite del derecho de los guardias civiles a manifestarse, sin uniforme y sin armas, en defensa de sus reivindicaciones profesionales (este derecho se les reconoció por primera vez en la ley de derechos y deberes de la Guardia Civil, aprobada a finales de 2007), pero nunca en el terreno político ni en el sindical, por prohibición expresa de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (1986), que también prohíbe el derecho de huelga.
Tampoco los policías nacionales tienen el derecho de huelga. Pero sí el de manifestación. Y el sábado 18 en Madrid se limitaron a ejercerlo. Ellos, sí, pero no los guardias civiles, que, como queda dicho, pueden manifestarse por sus propias reivindicaciones, aunque no por las ajenas. Y ahora el Gobierno no debe aparentar que no se ha enterado de la presencia ilegal de guardias civiles en la manifestación del sábado. Así que habrá sanciones.
Respecto a las reivindicaciones salariales, guardias civiles y policías reclaman equiparación con sus colegas vascos y catalanes, y los municipales de algunas capitales españolas. Carece de sentido, salvo un imposible pacto entre el Estado y las Comunidades. La propia lógica autonómica, que se basa en la diferencia, es incompatible con la homologación salarial reclamada por los sindicatos policiales. En la lógica de éstos, la subida de sueldo a los policías de un determinado Ayuntamiento debería desencadenar una ola de reclamaciones en el resto de Ayuntamientos, el Estado y las Autonomías.
Tampoco puede olvidarse la considerable mejoría salarial de policías y guardias civiles durante los últimos cuatro años. Sus tasas de mejora doblan la del resto de los funcionarios del Estado. Ni la mala situación de las cuentas públicas, respecto a un colectivo de 140.000 funcionarios. Atender sus demandas salariales en estos momentos significaría alterar sustancialmente el escenario presupuestario en un año francamente difícil.
Antonio Casado.
