MADRID, 21 (OTR/PRESS)
Seguramente los jueces pedirían amparo si tras cada una de sus resoluciones se organizasen manifestaciones de protesta ante los juzgados, y me cuesta imaginar que algún juez de este país considerase eximente de la responsabilidad criminal la situación económica de un padre que decidiera matar a su hijo por no poder mantenerlo. Aunque con diferente severidad, si en algo han coincidido el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia al imponer sanciones disciplinarias al juez Tirado y a su secretaria judicial, Juana Gálvez, es en el carácter negligente de su actuación en la ejecución de una sentencia que condenaba a Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés.
Entiendo que juez y secretaria judicial defiendan su inocencia por el procedimiento reglamentario. Y comprendo que maldigan su mala suerte porque lo que a ellos les ha sucedido podría haberles pasado a cualquiera de sus compañeros, muchos de los cuales tienen sentencias sin ejecutar que no llegan a conocerse porque no tienen un fatal desenlace. Es el mismo sentimiento que tengo yo cada vez que me para la Guardia Civil por exceso de velocidad y, mientras me extienden la multa, veo volar coches cuyos conductores no serán sancionados. Me cabrea mi circunstancia, pero la constatación de otras realidades no me exime de la falta.
Ahora los secretarios judiciales de toda España han parado en solidaridad con su compañera y en protesta por la falta de medios. Cualquier ciudadano que haya tenido un pleito en este país suscribiría la segunda de las razones, pero ligar la precariedad de medios con la justificación de la negligencia es lo que resulta más difícil de comprender. Como tampoco se entiende que los jueces hayan promovido un paro encubierto como protesta por la supuesta injerencia del Gobierno en las decisiones del Consejo del Poder Judicial, cuando ellos mismos, con esta medida, buscan idéntica presión.
La opinión pública se escandalizó cuando conoció los pormenores de la formidable negligencia que permitió que Santiago del Valle no estuviera en prisión el día en que, presuntamente, asesinó a Mari Luz. Y no creo que ese sentimiento se haya movido un ápice tras esta huelga. La modernización de la Justicia es una exigencia que comparten la inmensa mayoría de los ciudadanos. La misma que seguirá exigiendo que se castigue la negligencia cuando la Justicia se haya modernizado.
Isaías Lafuente.
