MADRID, 21 (OTR/PRESS)
Después de la manifestación de policías y guardias civiles, corresponde el turno a jueces, magistrados y restantes trabajadores de las oficinas de la administración de la Justicia. En el caso de los agentes del orden estaban claras sus reclamaciones: aspiran a la equiparación de sus sueldos con los que perciben otras fuerzas de seguridad, como las que existen en Cataluña y País vasco, que se calcula que pueden llegar a ser de mil euros más, de media, que las del resto de la Nación.
¿Qué pretenden, a su vez, jueces, secretarios de juzgado y otros profesionales de las Oficinas de Justicia? Probablemente es más confusa y más difícil de entender y de explicar la causa que los echa a la calle a protestar, aunque en algunos titulares de prensa se haya simplificado la causa primera o última: Los jueces alientan el paro contra el Gobierno para defender a Tirado. ¿Rechazan el castigo al juez Tirado, decidido por el Consejo general del poder Judicial, o más bien a al secretaria del mismo juzgado y del mismo caso Mari Luz, que recibió una sanción muchísimo mayor por el mismo asunto? En un primer momento, se explicó que el descontento del personal de justicia estaba centrado en esa secretaria del juzgado sancionada por el ministerio de Fernández Bermejo, y que, en cambio, había bastante acuerdo en que la sanción al juez había sido ridícula y estaba necesitada de revisión «al alza», conforme opinaba la mayor parte de la opinión pública y de la opinión publicada. Y luego, se han añadido otras varias razones de igual o mayor envergadura que las expuestas: que si el gobierno había interferido en las competencias del Consejo del Poder Judicial, que si la Justicia sigue necesitada de medios y recursos…
En realidad, un lector y oyente de los medios informativos en su conjunto, llegará a idéntica conclusión: No se termina de saber si es una o son varias y distintas las razones por las que protesta el personal de Justicia. Pero, en todo caso, bien podríamos hallarnos ante una actitud corporativa, en la que el personal de Justicia rechaza que haya opiniones distintas a la propia, cuando en la sociedad en su conjunto han surgido las alarmas por causa de la falta de aplicación de la sentencia determinada por el propio juez. ¿Temen los jueces que se investiguen sus actuaciones y que pudiera terminar su condición de «poco menos que dioses, con capacidad para privar de libertad» a cualquier humano? Escribe hoy un magistrado que los jueces, sumidos en la desorganización, han visto que la suerte de Tirado puede ser la suya.
En cuanto a esa falta de medios técnicos y humanos denunciada reiteradamente, es una reclamación que jueces y juzgados vienen trasladando al Gobierno desde hace una treintena de años, cuando empezó a distribuirse un primer presupuesto del Estado para dotar a cada juez y juzgado de ordenadores con los que facilitarían su trabajo futuro. Treinta años después, los avances en informatización de las oficinas de Justicia son ridículas, como vienen demostrando las imágenes que a menudo se nos ofrecen sobre las mesas de los funcionarios, siempre repletas de sentencias, recursos y considerandos…
En esta hora de conflictos, ha surgido una esperanza, poco menos que «un mirlo blanco», llamado Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial, y un Consejo que pretende terminar con la pésima fama del que le precedió. La portavoz del consejo ha anunciado que es deseo de este organismo liderar un proceso que pasa por la dotación de medios y por la consideración de la independencia como primer activo a reconquistar por unos jueces que han sido radicalmente obedientes a los partidos que los designaron. El Poder Judicial apela ala responsabilidad de los magistrados para que no dañen el servicio. Pero el desafío al gobierno ya está lanzado, con argumentos variados y no siempre admisibles: Más medios, Caso Mari Luz, injerencias del gobierno en las decisiones judiciales…
José Cavero.
