MADRID, 22 (OTR/PRESS)
El sábado alzaron la voz policías y guardias civiles. El martes, jueces y secretarios judiciales. Expresión de un doble malestar corporativo frente a un Gobierno agobiado por la crisis económica. A diferencia del conflicto con los agentes del orden, de carácter estrictamente salarial, el fuero se cruza con el huevo en el judicial. Se exigen más medios materiales y humanos, pero también se pide respeto a la autonomía del CGPJ, a la vista de ciertas interferencias de Moncloa en las funciones disciplinarias del órgano de gobierno de los jueces.
Las peticiones del estamento judicial son oportunas y me parece una simpleza reducirlas a un inesperado brote de corporativismo, como hizo el ministro Fernández Bermejo durante la jornada de paros parciales. Declarados en el caso de los secretarios judiciales. Encubiertos en el de los jueces, cuyo derecho a la huelga no está reconocido, aunque el artículo 28 de la Constitución no es preciso al respecto.
Pero vamos al fondo de la cuestión: la rebelión contra un Poder Ejecutivo que, después de treinta años de democracia, no ha sabido o no ha querido remediar la indigencia de medios en la tarea de administrar justicia. Un servicio público como cualquier otro, pero muy mal dotado ¿Saben ustedes que dicho servicio es el peor dotado de la Unión Europea? ¿O que mientras en Alemania, por ejemplo, hay 24 jueces por cada 100.000 habitantes, en España solo hay 10? Sin salir de nuestro país, compárese el funcionamiento de los Juzgados con el de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o la Dirección de Tráfico.
Donde se cobran impuestos, se pagan pensiones o se tramitan multas, todos estamos perfectamente localizados ante la gran computadora. Sin embargo las oficinas judiciales son obsoletos museos de papel polvoriento. Nadie entiende que las nuevas tecnologías hayan entrado en otros servicios públicos pero no en los Juzgados. Por desgracia, tuvimos que llorar el asesinato de una niña para hacernos cruces sobre el caos de las oficinas judiciales. Una sentencia de cárcel incumplida porque el papel dormitaba ante la mirada perezosa de un juez y una secretaria judicial, que fueron sancionados. Así encontraron los jueces la ocasión de rebelarse contra quienes tienen la obligación de dotar a los servicios judiciales de los medios necesarios para evitar casos similares, que en realidad se repiten a diario, aunque no con un desdichado desenlace de muerte, como ocurrió con Mari Luz Cortés.
Relacionar este caso con el mal funcionamiento de nuestras oficinas judiciales casa perfectamente con la exigencia de castigo a quienes no activaron a su debido tiempo el cumplimiento de una pena, aunque discutir sobre la mayor o menos cuantía de la sanción ya no viene a cuento. Si esa controversia sirve para que los poderes públicos caminen hacia el logro de una Administración de Justicia a la medida de la España moderna, la daremos por bien empleada.
Antonio Casado.
