MADRID, 21 (OTR/PRESS)
Baltasar Garzón tiene muchos enemigos a sus espaldas. También muchos amigos. Algunos de esos agradecimientos por lo que parece no tienen fecha de caducidad. Sorprende escuchar y leer a personas que deberían tener rigor intelectual aplaudir el exceso de Baltasar Garzón en su causa general contra el franquismo. El argumento de fondo es el que se empleaba en los linchamientos: más vale ahorcar a un forajido sin juicio que dejar que se escape. Ahora se pretende un linchamiento del franquismo cuando el juicio de la historia está sentenciado por la Constitución, las declaraciones formales del Congreso de los Diputados y la Ley de La Memoria Histórica.
Para quienes Garzón es un héroe por poner en papel judicial las tropelías del golpe militar y la dictadura no cuentan las garantías, los procedimientos y las competencias. España, según esta forma de pensar, no sería una democracia consolidada por lo que necesita jueces justicieros y providenciales que al margen del estado de derecho tengan patente de corso para saltarse la legalidad y buscar el aplauso fácil de quienes corean que se zarandee a los responsables del franquismo. Pretenden que las personas que ponen por delante las normas del estado de derecho son menos antifranquistas que quienes pretenden la realización de una justicia sin garantías ni procedimientos.
El recurso del fiscal Javier Zaragoza defendiendo la legalidad y oponiéndose a las pretensiones del juez ha tenido que ir acompañado -según se ha podido saber- de una carta personal del fiscal al magistrado en el que pretende que la amistad que les une no se vea deteriorada por la oposición de la fiscalía a las actuaciones del juez. ¿Entiende el fiscal amigo del juez que es un asunto tan importante para este que puede llegar a tener consecuencias personales?
Muchos de los que han apoyado públicamente las actuaciones del juez prescinden de las reglas del estado de derecho que tabula precisamente las competencias de los jueces. Algo sumamente importante porque es la condición indispensable de que la cesión de poder que se delega en cada juez por parte de la sociedad para administrar Justicia esté compensada y tutelada por un control legal sobre la adecuación de sus actuaciones. Si los procedimientos no cuentan para castigar al culpable -aunque en este caso esté muerto- se consagra el principio abyecto de que el fin justifica los medios.
Carlos Carnicero.
