MADRID, 21 (OTR/PRESS)
Un país que se precie no puede darse el lujo de que sus leyes se conviertan en papel mojado. Menos aún, de que quien las convierta en tal sean precisamente quienes tienen la responsabilidad de hacerlas cumplir. Y, sin embargo, cientos de guardias civiles se manifiestan contra lo que les indica el reglamento por el que se rigen, numerosos magistrados hacen, en la práctica, una huelga -lo tienen prohibido–, disfrazándola de «reuniones profesionales», y un juez superfamoso desafía a la Fiscalía de su propia audiencia manteniendo una instrucción que técnicamente parece que no le compete. Son ejemplos diferentes y dispares, pero que evidencian un estado de cosas mejorable, por decirlo de una manera suave.
Cuando una ley se incumple suele deberse a dos razones: o no es posible su cumplimiento, porque la ley va contra lo razonable y/o lo factible, o bien existe una clara voluntad de rebeldía por parte de quien ha de acatarla y cumplirla. ¿Ante qué hipótesis nos encontramos cuando los pilares de lo que es la ley y el orden nos ofrecen este ejemplo, tan poco edificante para el ciudadano de a pie?
Me siento incapaz de responder. Conozco la mucha razón que tienen las reivindicaciones de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, pero ello no es un tema nuevo -el deseo de equipararse salarialmente a las policías autónomas, quiero decir–. También es evidente la carencia de medios con que opera la Justicia, pero tampoco es precisamente un tema nuevo y la movilización de este martes coincidió sospechosamente con una razón corporativa, la sanción a la funcionaria del «caso Mari Luz Cortés».
Y es que los jueces, en lo que es una controversia política, acusan de «presión intolerable» al Ejecutivo en lo referente a esta sanción a la funcionaria Juana Gálvez y a su jefe, el magistrado Tirado. Una «presión» que, en mi opinión no fue tal, sino que consistió en una discrepancia verbalmente expresada de la vicepresidenta y del titular de Justicia con la levedad del castigo al señor Tirado acordado por el Consejo del Poder Judicial.
Si pensase con la mentalidad conspiratoria con la que a veces algunos juzgan determinados pasajes políticos y nos juzgan a los periodistas, podría llegar a pensar que ciertos círculos buscaban un colapso de lo que representa la ley y el orden, tratando de desgastar al gobierno de Zapatero coincidiendo con la debilidad del momento económico. Todo un acoso y derribo buscando una coyuntura propicia y aprovechando la conjunción de malestares varios.
Pero la verdad es que me parece mucho más realista pensar que, en el fondo, ese gobierno de Zapatero se está mostrando poco firme en demasiados flancos y ello propicia un debilitamiento del vigor de las leyes. Cosa que ZP debería anotar a la hora de pensar -y ya debería estar pensándolo_en dar un viraje a los miembros de su gabinete, para reforzarlo, ahora que, de milagro y por los pelos, parece haber saltado la valla de la aprobación de estos inverosímiles Presupuestos para 2009. El primer gran obstáculo, pero apenas el primero.
Fernando Jaúregui.
