Julia Navarro – Escaño Cero – Más allá de la huelga


MADRID, 21 (OTR/PRESS)

La Administración de Justicia está en pie de guerra. Jueces y secretarios judiciales le han plantado cara al gobierno y desde el gobierno se les acusa de corporativismo. El desencadenante es la sanción al juez Tirado y a Juana Gálvez, secretaria Judicial, por el caso de Mari Luz, la pequeña asesinada por un pederasta que nunca debió de estar en libertad.

A los jueces les ha molestado que la vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Justicia hayan dicho en voz alta que el juez Tirado debe de ser sancionado y además anunciaran que la sanción debía consistir en tres años de inhabilitación. Habida cuenta de que eso es competencia del Consejo General del Poder Judicial, los jueces entienden que el Gobierno no tiene ni voz ni voto a la hora de sancionar a un juez. En el caso de los secretarios judiciales, éstos han levantado la voz para decir que se solidarizan con su compañera Juana Gálvez a la que creen que los políticos quieren convertir en chivo expiatorio del caso de Mari Luz, y al tiempo aprovechan para reclamar medios para que la Administración de Justicia funcione como es debido.

La verdad es que la vicepresidenta dijo en voz alta lo que muchos ciudadanos piensan pero que los jueces entienden que ella no puede decir. El caso es que entre unos y otros han metido en un lío tremendo al Consejo General del Poder Judicial que, haga lo que haga, y decida lo que decida, va a quedar mal. Si optan por sancionar al juez Tirado con tres años, se les acusara de ser correa de transmisión del Gobierno y eso conllevará que su supuesta independencia quede aún más entredicho de lo que ya está, pero si el juez Tirado no recibe una sanción otros dirán que es a causa del corporativismo entre los jueces. Ya digo que el Consejo está en una situación endiablada. En cuanto a los secretarios judiciales, es comprensible que se solidaricen con su compañera y que además pidan medios para hacer su trabajo.

El problema es que la Administración de Justicia funciona francamente mal por falta de medios humanos y materiales. Pero esa falta de medios no es achacable a este Gobierno, o al menos no solo a este Gobierno, sino a todos los anteriores. No es comprensible, ni admisible que la Administración de Justicia no tenga un sistema informático capaz de decir a un juez si el detenido que tiene delante tiene otros antecedentes o sentencias por cumplir. Y eso es culpa exclusiva de los gobiernos de turno y de los distintos Consejos del Poder Judicial que en este país ha habido. Como es igualmente sorprendente la falta de medios humanos. Los juzgados están sobrecargados de trabajo y muchos de ellos están situados en espacios en que los funcionarios apenas se pueden mover.

Para colmo de despropósitos la Administración de Justicia está organizada de tal forma que aún hace más difícil su funcionamiento. Los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial, pero los secretarios judiciales han sido «traspasados» a cada Autonomía. He escuchado decir a los representantes de los secretarios judiciales que el caso de Mari Luz se podría repetir por esa falta de medios, y también se lo he escuchado a algún juez. Lo tremendo es que hasta ahora ni los jueces ni los secretarios judiciales hayan hecho una huelga para reclamar esos medios y más tremendo aún es que los gobiernos de turno hayan pasado olímpicamente de dotar de medios a la Administración de Justicia.

El Gobierno quiere quitarse toda la responsabilidad de lo sucedido a Maria Luz pero en realidad son muchos los que tienen esa responsabilidad, también los políticos. Si tenemos una Administración de Justicia decimonónica es porque los gobiernos lo han querido así. Si tenemos unas leyes absolutamente melifluas respecto a los pederastas es porque los políticos no quieren cambiar la ley. De manera que además del juez Tirado y de la secretaria judicial Juana Gálvez, hay otras responsabilidades por repartir. Desgraciadamente la pequeña Mari Luz está muerta, y lo terrible es que desde la Administración de Justicia se nos dice que su caso se puede repetir. No sé si la huelga es política, corporativista o justa y necesaria, solo sé que los responsables políticos tienen la obligación urgente de dotar de medios humanos y materiales a la Justicia, y hasta ahora esos medios brillan por su ausencia ¿por qué?

Julia Navarro.

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