Consuelo Sánchez-Vicente – El mal evitable


MADRID, 18 (OTR/PRESS)

Posiblemente nadie puede impedir que tres energúmenos maten de una paliza a un chico que simplemente había salido de fiesta con sus amigos para celebrar el final de unos exámenes; pero la muerte concreta de Alvaro Ussia podía haberse evitado simplemente con que la discoteca madrileña a cuyas puertas fue asesinado no hubiera estado abierta sino cerrada, que es como debía haber estado si se hubiera cumplido la ley.

Las denuncias que acumulaba impunemente bastaban y sobraban para que hubiera cerrado hace tiempo. O, simplemente, si en lugar de dormir en un cajón el sueño de la desidia, el reglamento que debía desarrollar el decreto sobre la cualificación que hay que tener para trabajar como portero de discoteca en la comunidad de Madrid, hubiera estado en vigor. Porque si cupiera la menor posibilidad de que alguno de los tres presuntos asesinos de Ussia, o al menos los dos que tenían antecedentes penales, pudiera haber sido contratado como portero de discoteca con ese reglamento en vigor, Madrid, mi ciudad, la capital de España, sería, simplemente, un lugar para huir y no volver

El argumento del vicealcalde Cobo tiene parte de razón. Exceder el límite de velocidad en una carretera es una falta administrativa, mientras que atropellar y matar a un peatón es un homicidio en el que el exceso de velocidad actúa como un agravante. No es la condición de ilegalidad en que se encontraba esa discoteca lo que ha matado a Alvaro Ussia – el coche que excede el límite de velocidad en el ejemplo del vicealcalde- si no los tres energúmenos desquiciados que le patearon hasta morir: el simil del conductor que circula a más velocidad de la autorizada y atropella mortalmente al peatón.

Si esa trágica noche no hubiera sido asesinado Alvaro Ussia seguramente no estaríamos hablando de la situación ilegal de esa discoteca concreta. Pero la injusta muerte de Alvaro remite con toda su crudeza al meollo del problema. Si, simplemente, las autoridades competentes de Madrid hubieran hecho a tiempo su trabajo, los presuntos asesinos de Alvaro, simplemente, habrían estado en el paro esa aciaga noche, no trabajando de porteros en un negocio ilegal que, para más IRRI, es del Ayuntamiento. Y Alvaro estaría en casa, con sus padres, y en su colegio con sus compañeros. Vivo.

Caiga la ley sobre los asesinos con todo su peso, y solo sobre ellos. Pero, además de un crimen por el que sus autores han de pagar, aquí existe, en mi opinión, una clarísima responsabilidad política, una «culpa in vigilando», que «quien corresponda» – la autoridad municipal que debería haber cerrado ese local y no lo cerró, el jefe que no exigió ese cierre, quien le nombró – debe asumir cuanto antes dejando el cargo y marchándose a su casa a reflexionar. Aprender la lección pasa por extremar las cautelas para evitar en lo posible que algo así se repita, y depurar todas las responsabilidades es – hay que decirlo alto y claro – la forma a nuestro alcance de que Alvaro no haya muerto en vano.

Consuelo Sánchez-Vicente

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