Consuelo Sánchez-Vicente – Cuando todo falla


MADRID, 30 (OTR/PRESS)

Esta vez se han cumplido todos los trámites del protocolo de actuación ante el terrorismo doméstico, la denuncia de la víctima, la colaboración de los vecinos, la condena a la cárcel de maltratador, la orden de alejamiento, la pulsera telemática para garantizar su cumplimento efectivo… que los primeros informes dicen que no se activó – la mala suerte existe – cuando este malvado – la maldad existe – se acercó hasta el domicilio de su ex esposa durante un permiso penitenciario, y al no encontrarla hirió de gravedad a dos vecinos que declararon en el juicio contra él como testigos, y a uno de los policías a los que declaró que venía de matar a su novia cuando acudieron a detenerle.

Ella le denunció y no retiró la denuncia. Maximino Couto estaba en prisión condenado por agresiones reiteradas a su ex mujer y a sus hijos, con una orden de alejamiento de todos los miembros de su familia y una de esas pulseras para controlar por GPS su posición a las que tantas veces nos referimos como un desideratum cuando tras uno de esos dramas que se veían venir nos preguntamos angustiados qué más podemos hacer para reforzar la seguridad de una mujer amenazada por su ex pareja, cuando el sale de la cárcel. Falló el aparato, pero aunque hubiera funcionado: ¿Y cuando salen en libertad plena, qué? Porque salir han de salir todos los delincuentes -cualquier delincuente, los maltratadores también, los pederastas, violadores, terroristas irredentos- cuando cumplen sus penas, sin más retrasos que los legalmente previstos. ¿O no?

Pues no, según y como mire usted, depende, digámoslo sin ambages, por lo menos yo quiero decirlo de frente. El Código Penal de nuestra democracia sitúa la reinserción como objetivo central de la pena de cárcel y señala la obligación de los poderes públicos de arbitrar recursos y medios para intentarlo a toda costa. Plenamente de acuerdo: hacer justicia no es tomarse venganza. Pero cuando las Juntas de Tratamiento de la prisiones informan en contra de conceder los permisos penitenciarios que legalmente les corresponde a algunos presos, como en este caso ( y en tanto otros difícil de olvidar) tienen sus razones, y el juez penitenciario tendría que atenderlas en todo caso, por prudencia y sin sentirse presionado para nada en su independencia; crea él lo que él crea, el juez de vigilancia penitenciaria no es Dios, y yo pienso que siempre, siempre, siempre, deberían anteponer el sentido común a su recto entender -la buena voluntad y las ganas de acertar se les suponen, no están en entredicho- al juicio de los expertos en almas enfermas… o malvadas, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales… Ojalá todos rehabilitables, pero algunos, no.

Consuelo Sánchez-Vicente.

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