MADRID, 4 (OTR/PRESS)
Cada vez que ETA asesina me asalta la misma duda. Es difícil ignorar la conmoción y el corazón pide vomitar la indignación y el desprecio. Pero, al mismo tiempo, la cabeza plantea dudas sobre si con esa actitud alimentamos el afán de propaganda que encierra cualquier atentado terrorista. Porque a ETA sólo le queda que hablemos de ella. Hubo un tiempo en que ETA hacía temblar al Estado cada vez que asesinaba. Al dictador le envió hace ahora 35 años el cadáver de su presidente de Gobierno como regalo de navidad. Y con su brutalidad sin límites en los años de la Transición alimentó las ansias golpistas que culminaron el 23F. Después vinieron años durísimos en los que el Estado ya no temblaba, pero la sociedad asistía como narcotizada al zarpazo terrorista.
Ahora las cosas han cambiado. Salvo en los cómplices, la repulsa social es unánime. Fuera de los intencionados manipuladores nadie duda de que ETA nunca conseguirá un objetivo político. Y excepto los pistoleros, todos saben que ETA está moribunda. Por eso el Estado ha detenido en los últimos meses a los dos números uno de la banda terrorista mientras ellos sólo han sido capaces de asesinar cobardemente a ciudadanos desprotegidos. Y quienes callan ante tanta ignominia no lo hacen porque alberguen alguna esperanza en el futuro de ETA, sino porque son igual de cobardes que quienes disparan por la espalda a una persona desarmada. De las virtudes destacadas de Ignacio Uría hay una ejemplar: nunca se dejó intimidar por quienes le amenazaron. Respondió a la extorsión llevando una vida normal y por eso lo mataron mientras iba a comer y a jugar la partida con los amigos, como hizo toda la vida.
En los últimos años nuestro país se ha hecho más fuerte frente al terrorismo. Sucesivas modificaciones legales han puesto cerco a quienes matan y a quienes intentan representarlos en la vida política. Pero hay una fisura que los ciudadanos no acaban de comprender: cómo una organización política que está fuera de la ley, como es el caso de ANV, puede seguir manteniendo a sus representantes en las instituciones después del proceso de ilegalización. Las fuerzas democráticas pueden y deben hacer lo posible y en donde sea posible para desalojar de los ayuntamientos a sus representantes, comenzando por el lugar del crimen, Azpeitia, en donde ANV ha quedado en minoría. El PP pide además que se disuelvan los ayuntamientos gobernados por esta formación. Pero quizás la ley debería consagrar un mecanismo que prevea en el futuro lo evidente: que nadie que se presentó a las elecciones por una formación que deviene ilegal pueda seguir al frente de una institución democrática.
Isaías Lafuente.
