MADRID, 5 (OTR/PRESS)
Ni a los bloques del barrio marginal de Gavá que han saltado por los aires, ni al poblado madrileño de chabolas donde se calcinaron ayer dos bebés, llegó nunca el siroco inmobiliario: tan infrahumanas eran las condiciones de habitación de los que hoy lloran a sus muertos antes de que España se poblara de grúas, como después. Aquellas grúas no vinieron a construir casas dignas, soleadas y salubres para la gente, sino a corromper a los ayuntamientos, a enriquecer a la mafia del ladrillo y a convertir en especuladores inmobiliarios (que es lo peor que se puede ser en un país donde millones de sus habitantes no pueden comprar una vivienda sino al precio de endeudarse de por vida) a probos ciudadanos que hasta ese momento se conformaban con poner sus ahorros en una cartilla a plazo fijo.
No hace falta decir que, ni aun cuando se depuraran responsabilidades, éstas conducirían a la cárcel a quienes, por negligencia, dejación o ineptitud, cabría imputar por esos espantosos sucesos. La cárcel, más que nunca, es para los pobres, y eso si tienen suerte de llegar vivos a la edad penal y no se los lleva antes un incendio, una explosión, una enfermedad de las muchas asociadas a la miseria, la droga o una bala. ¿En qué presidio purgan sus culpas y en qué infierno social sus pecados los que, habiéndose enriquecido tanto con la quimera del oro, despiden hoy a miles a sus trabajadores mientras repasan el estado de sus cuentas en los paraísos fiscales del extranjero? ¿Consagra la Constitución cuyos treinta años algunos celebran toda esa impunidad indecente? O también: ¿Por qué les gusta tanto a esos algunos una Constitución que es, cual es público y notorio, papel mojado?
Rafael Torres.
