MADRID, 5 (OTR/PRESS)
Hay situaciones en las que se produce «la gota que colma el vaso». Y en esa situación podríamos hallarnos como efecto del atentado que el miércoles causó la muerte al empresario Ignacio Uría. De repente, parece haber terminado un tiempo de una cierta pasividad social frente a ETA y sus socios «civiles», los concejales y alcaldes de la ANV. Parecía en vigor esa situación de «impasse»: mientras no se produzcan asesinatos, se puede tolerar.
Pero en el momento en que la banda ha vuelto a derramar sangre, y en las circunstancias en que lo hizo esta vez -un empresario del tren de Alta Velocidad, un anciano de 71 años, un hombre apreciado por os nacionalistas moderados, un combatiente permanente contra el chantaje del «impuesto revolucionario», con todas esas circunstancias se pretende pasar sin más contemplaciones al paso siguiente, para echar a los alcaldes de ANV de las instituciones municipales vascas.
En las últimas horas lo han pedido tanto la CEOE como el PP, coincidentes en reclamar que el gobierno proceda a disolver los ayuntamientos proetarras. El PP solicita también que esos municipios con ANV en sus concejalías no puedan gestionar ni un solo euro de las ayudas al empleo prometidas por el Gobierno. ANV, en efecto, podría recibir más de treinta millones de ese último plan anticrisis anunciado por el presidente Zapatero. Se asegura que la ministra Salgado estudi fórmulas para evitar que los consistorios «abertzales» reciban ese dinero..
Y curiosamente, en esta ocasión, el presidente de la CEOE toma también la iniciativa contra ANV: Gerardo Díaz Ferrán no ha dudado en pedir la disolución de esas corporaciones contaminadas por la presencia de los proetarras… No resulta fácil proceder a esas disoluciones que se reclaman: deben intervenir el gobierno de la Nación, el gobierno autónomo, con el acuerdo favorable del Senado…, y con el informe previo de la Abogacía del Estado.
Tal vez demasiadas exigencias previas para acometer una tarea imprescindible para devolver una cierta salud moral a las instituciones vascas contaminadas por esa lacra. Nada menos que 42 ayuntamientos tienen representación de ANV en el País Vasco. Bien es cierto que, en esta ocasión, incluso el PNV se ha mostrado de acuerdo con sacar del poder a los radicales, por lo menos los que ejercen en Azpeitia, lugar del más reciente crimen, aunque para ello necesita del voto de EA, que en este momento aún no ha aclarado si apoyará una moción de censura. El propio monseñor Blázquez no ha dudado en volver a reclamar que la banda desaparezca y que sea erradicado el terrorismo.
Por lo demás, el atentado contra Uría está forzando al Gobierno de la Nación, al Gobierno vasco y a las instituciones patronales, a hacer expreso su apoyo decidido a que las obras del Tren de Alta Velocidad se terminen según lo previsto, incluso, si fuera posible, en un plazo menor del inicialmente proyectado. No puede ser, no es admisible, que la banda terrorista vuelva a determinar la agenda de todo un país, y hasta el itinerario de una infraestructura que a todos parece imprescindible y urgente. Ya existen antecedentes preocupantes en ese sentido: la trayectoria definitiva de la autovía de Leizarán, el pantano de Itoiz, el «sepultado» proyecto de la central nuclear de Lemóniz fueron otros tanto pulsos que la banda mantuvo con el Poder legítimo, con frecuentes atentados e incluso asesinatos como el que ahora se ha producido.
¿Qué decidirá el PSOE gobernante? Nos cuentan que el PSOE prefiere seguir explorando vías para la disolución de ANV, mientras los nacionalistas e IU rechazan medidas de esa naturaleza. Los socialistas ven más viable las mociones de censura individuales… Y todavía otro efecto del asesinato de Uría. Cabe temer que a más de un empresario también amenazado por el chantaje de la banda, le estimule y fuerce al pago de esos dineros que se le exigen. El temor y el miedo son libres, y contra ellos, sólo puede ejercer presión una actuación contundente y eficaz de las fuerzas de seguridad del Estado y de la Ertzaintza, que, al mismo tiempo, pudieran reforzar las medidas de protección personal de los amenazados.
José Cavero.
