MADRID, 10 (OTR/PRESS)
Sólo en un país de tan escasísima tradición democrática como el nuestro, y en consecuencia de tan paupérrimo sentido de la libertad, podía liarse la que se ha liado porque un señor, el señor Tardá concretamente, haya dicho lo que le ha dado la gana. Si a estas alturas el Fiscal General del Estado ha de excitar a los jueces para que metan un paquete a alguien por la expresión pública de sus opiniones, lo más conveniente sería pagar e irse, o, mejor, irse y dejar encendidas todas las luces para que iluminen el lóbrego paisaje de libertad vigilada, o sea, de no-libertad, en que se va convirtiendo éste régimen que se reputa garantista y democrático.
Dejando a un lado el hecho de que sólo parece haber libertad para expresar públicamente según qué enormidades, como, por ejemplo, la que el PP y muchos de sus periodistas se hartaron de repetir durante la pasada legislatura, que el presidente del gobierno era el tonto útil de ETA y que estaba en el ajo de la matanza del 11-M, asombra el deliberado analfabetismo político que se usa para enjuiciar lo que, en puridad, no sólo es normal, sino conveniente y necesario, en una sociedad democrática. Lo que hizo el señor Tardá, dirigente por cierto de un partido político, fue manifestar ante sus correligionarios su opinión sobre la probidad del Tribunal Constitucional, que a él se le antoja, al parecer, escasa, y cerrar su discurso, llamémosle así, con un «¡Muera el Borbón!» que, como todo el mundo debería saber, es la expresión retórica contraria a «¡Viva el Borbón!», de uso exclusivo de los monárquicos indesmayables, es decir, de muy poco uso. Y ya está.
Cuando se anda celebrando el 60 aniversario de la declaración de los Derechos Humanos, convendría reparar en que en ella se integran los de los humanos españoles, incluido, principalmente, el que atañe a la libertad de expresión.
Rafael Torres.
