MADRID, 11 (OTR/PRESS)
Cuando el actual Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, estando el PSOE en la oposición, era el interlocutor de su partido con el PP para las cuestiones relacionadas con la política antiterrorista, un día le espetó a quien entonces ocupaba esa cartera en el primer Gobierno de Aznar lo siguiente: «Jaime, (Mayor Oreja), si a nosotros nos parece bien y estamos de acuerdo con vuestra estrategia antiterrorista, pero quizás os falta hacer un poco de «política».
Esas palabras, en quien pasa por ser un «maquiavelo» de la política tenían un significado muy claro y concreto, como antes de llegar el PP al Gobierno en 1996 había quedado de manifiesto con la política antiterrorista llevada a cabo por los Gobiernos de Felipe González -«guerra sucia» con los GAL incluida- y también tras la llegada de Zapatero al poder, en el 2004. La izquierda en general y el PSOE en particular no han creído nunca que el final de ETA deba de llegar por el camino de la derrota de la banda terrorista. Les gusta más la estrategia del «palo y de la zanahoria». Cuando conviene, golpes policiales y detenciones, pero sin pasarse, no sea que les acusen de aplicar una estrategia exclusivamente policial y represiva.
En ese contexto se explica que el Gobierno no se decida a impulsar la disolución de los Ayuntamientos vascos y navarros gobernados por un partido, ANV, que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo por formar parte del entramado terrorista. Bajo la falsa excusa de dificultades de tipo legal y jurídico para llevar adelante esa medida, lo que se esconde es un cálculo político por parte del PSOE y de Zapatero: con las elecciones vascas a la vuelta de la esquina, el Presidente y su partido no quieren ser percibidos en la sociedad vasca como excesivamente radicales. Ni más, ni menos. Pero mientras tanto, el Alcalde y los concejales de ANV del Ayuntamiento de Azpeitia, localidad donde ETA asesinó hace ocho días al empresario Ignacio Uria, siguen sin condenar ese atentado.
Lo mismo se puede decir de la decisión de acercar a cárceles próximas al País Vasco a una decena de presos de ETA, algunos muy sanguinarios y que han tenido en el pasado reciente responsabilidades de dirección en la banda terrorista. El Gobierno lo hace de tapadillo, sin explicarlo a la opinión pública, y sólo cuando un medio de comunicación lo descubre, el Ministro del Interior intenta salir como puede de la melé, diciendo que el PP ya lo sabía. Y en el principal partido de la oposición, dando una muestra mas de la falta de rumbo que le caracteriza, Trillo dice que le parece bien y Basagoiti que no, que a ETA, «ni agua». El caso es que los engaños del Gobierno en la anterior legislatura respecto a su proceso de negociación política con ETA fueron tan flagrantes, que ahora se ha instalado una suspicacia enorme en la opinión pública que hace que cualquier movimiento de ficha que haga el ejecutivo en su política antiterrorista, sea analizada con lupa y, sobre todo, con un gran recelo. Si a eso añadimos que al frente del Ministerio del Interior está quien hace unos años decía lo de «hacer un poco de política» en la lucha antiterrorista, se entiende que la desconfianza sea máxima.
Cayetano González.
