MADRID, 12 (OTR/PRESS)
En la situación recesiva española, todos perdemos: las empresas, las familias, los inversores; en fin, todos el grueso de los sufridos agentes económicos. En este contexto, las demandas de ayudas concretas al Estado para amortiguar el proceso de ajuste a una caída de la actividad se disparan en nombre de todo tipo de argumentos: la justicia social, la defensa del empleo, la salvaguarda de sectores estratégicos etc.etc.etc.
Si los perdedores de la crisis tienen que ser compensados y las pérdidas se extienden al conjunto de la economía, se produce una situación imposible. Ante las inevitables restricciones financieras que implicaría salvar a «todos», el Estado se verá obligado a discriminar entre los hipotéticos beneficiarios de las subvenciones públicas y eso abre el portillo a la injusticia, a la arbitrariedad y a la corrupción.
En una economía capitalista y competitiva no hay lugar para ese tipo de acciones compensatorias. Su lógica de funcionamiento exige la privatización de las pérdidas y de los beneficios de quienes participan en el mercado. Esa dinámica conduce a realizar una asignación eficiente de los recursos tanto en los auges como en las recesiones y debilitarla o eliminarla sólo contribuye a dinamitar las bases del progreso así como a entorpecer y alargar la salida de las crisis. Además, la mayoría de las economías tienen ya mecanismos, por ejemplo el sistema de protección al desempleo, para amortiguar las consecuencias de los períodos de declive económico.
Por otra parte, la teoría y la evidencia empírica demuestran que la distribución de las subvenciones y/o de la asistencia gubernamentales no llegan a los más necesitados, a las personas o grupos débiles, a los sectores que sufren con mayor intensidad las consecuencias de la depresión, sino a aquellos con mayor capacidad de ejercer presión política o a aquellos otros a quienes el ejecutivo desea comprar para convertirlos en una clientela fiel que le permita mantenerse en el poder. Desde esta perspectiva, el gobierno se convierte en un empresario cuyos clientes son buscadores de rentas. El resultado es que las «ayudas» unen a la ineficiencia derivada de frenar el ajuste, la injusticia de su distribución.
El ejecutivo socialista por ignorancia o incompetencia actúa como si fuese posible salir de la crisis con un puñado de subsidios y subvenciones, sin tomar medida alguna excepto la de compensar con el dinero de todos los españoles a un puñado de «clientes». La única manera de «salvar» a los perdedores de la crisis, que somos todos, es una política capaz de crear empleo e impulsar el crecimiento. El PSOE ha renunciado a ella y ha optado por intentar paliar su impacto como hicieron los gobiernos del tardo franquismo.
