Isaías Lafuente – Tiempo de rebajas


MADRID, 23 (OTR/PRESS)

El Consejo General del Poder Judicial ha ratificado la leve sanción impuesta por sus predecesores al juez Rafael Tirado, que dejó sin ejecutar durante dos años una condena de cárcel contra el pederasta que supuestamente asesinó a la niña Mari Luz Cortés. Imagino la desolación de los padres y me hubiera atrevido a firmar que es la misma que sentimos la mayoría de los ciudadanos, incluso la que sentiría el ciudadano Tirado si en vez de ser juez hubiera sido uno de los suyos víctima de un crimen tan atroz cometido después de tal descomunal negligencia. Pero visto el resultado de la votación que se ha producido en el Consejo o bien concluimos que sus miembros habitan fuera de este mundo – cosa que no hay que desechar viendo la trayectoria histórica de la institución – o bien cabe pensar que hay una masa social que piensa que lo del juez Tirado tampoco es para tanto, que con una multa de 1500 euros se resuelve el desaguisado.

La petición del fiscal, que solicitó la suspensión del juez por tres años con posible traslado forzoso o incluso expulsión de la carrera por una falta muy grave, y el voto particular anunciado por la vocal conservadora Concepción Espejel, que cree que la actuación del juez ni siquiera merece multa, evidencian el amplísimo margen de actuación que permite el actual régimen disciplinario de los jueces, que para nosotros quisiéramos muchos ciudadanos de este país para la sanción de nuestras conductas, ya sea en el ámbito laboral, fiscal o en el de la conducción. Anima la rápida reacción del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que ha anunciado inmediatamente la reforma del régimen de sanciones a los jueces para que «no vuelvan a repetirse» casos como este, pero resulta desolador que una vez más haya que avanzar sobre la constatación de monumentales errores.

Hace unos días escuché al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicando a los presos de la cárcel de Valdemoro una extraordinaria paradoja: España es el país de la Unión Europea que tiene proporcionalmente una menor tasa de criminalidad y una mayor población penitenciaria. Justificaba la situación por el esfuerzo político que en los últimos años se ha hecho para endurecer el Código Penal. Es una pena que el esfuerzo hecho para ajustar al alza las penas para los juzgados no se haya correspondido en el tiempo con uno semejante para adecuar mejor las sanciones a los encargados de juzgar.

Isaías Lafuente.

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