MADRID, 23 (OTR/PRESS)
La condena -dos años y tres meses de inhabilitación-, al juez Fernando Ferrín Calamita tras quedar probado que había actuado de manera contraria a la ley en un caso de adopción cuyas protagonistas eran una pareja de lesbianas, tiene aires ejemplarizantes. No hay nada que objetar a la sentencia -declara probado que el mencionado juez retrasó deliberadamente las actuaciones para demorar la adopción quedando, también probado, el desprecio a la opción sexual de las demandantes-, pero es fácil advertir la celeridad y orientación de las decisiones judiciales cuando lo políticamente correcto está de guardia.
Cuesta más avizorar por donde va a caer la sentencia en los casos en los que los jueces juzgan a otros jueces por negligencias o malas prácticas que se dan todos los días en muchos juzgados: vistas que se eternizan, retrasos inmotivados en la tramitación, diligencias que se traspapelan, secretarios que suplen ausencias de los magistrados, legajos perdidos, órdenes detención que nunca llegan a la funcionarios que deben ejecutarlas… O, por poner un ejemplo: el caso de Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, un individuo cuya traspapelada orden de detención por un delito anterior no se ejecutó en un juzgado de Sevilla. La secretaria judicial ha sido sancionada pero estamos a la espera de lo que suceda con el magistrado. Ahí, en la esperada decisión del Consejo General del Poder Judicial sobre las actuaciones del juez Rafael Tirado, vamos a ver si tiene fundamento la venda que vela los ojos de la estatua de la Justicia queriendo significar que no ve el justiciable y sólo juzga sus actuaciones. Atentos, pues, a la pantalla.
Fermín Bocos.