MADRID, 9 (OTR/PRESS)
El lehendakari Ibarretxe le ha cogido el gusto al banquillo. No el de los suplentes sino el de los acusados en juicio singular. Y tan singular. Como que empezó pidiendo la anulación del mismo, por absolución de los procesados -él y siete más-, y ahora pide lo contrario, que siga.
Fue la noticia del jueves pasado, cuando su abogado defensor, Mikel Casas, expuso ante los magistrados su doctrina sobre la «pena de banquillo». Ya que la ha sufrido, se siente obligado a reparar el daño inferido a su imagen pública ¿De qué modo? Pues explicando al tribunal que lo que hizo en el ejercicio de sus tareas institucionales -reunirse con dirigentes de la ilegalizada Batasuna- tiene mucho que ver con la política y nada que ver con el Código Penal.
En vísperas de unas elecciones, esa escenificación pasaría a formar parte de la campaña del PNV. Otra cosa es que se lo permitan. Lo tiene difícil desde el punto de vista judicial. Hay muchas posibilidades de que la vista oral, iniciada este jueves, no pase de las cuestiones previas y el TSJPV (Tribunal Superior de Justicia del País Vasco) anule la causa el lunes que viene, sin perjuicio de que el culebrón continuase luego en el Tribunal Supremo.
El apagón del juicio contra Ibarretxe, los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, además de Arnaldo Otegi y cuatro batasunos más, sería una consecuencia de la falta de una acusación formal como parte del proceso. Salvo la acusación popular, que podría ser irrelevante si se aplica la doctrina del Tribunal Supremo en el llamado caso Botín. Consiste en no abrir un juicio oral (o sea, anular el proceso), si la acción penal solo la ejerce la acusación popular y no el Fiscal y la acusación particular. En este caso, el Fiscal pide la absolución y la acusación particular sencillamente no existe.
Lo sabremos a partir del lunes que viene por la mañana en Bilbao. Si eso ocurriese (la suspensión), nos evitaríamos el extraño espectáculo de una campaña electoral paralela en los tribunales. Algo que no tiene precedentes: el lehendakari actual (Ibarretxe) y quien aspira a serlo (el socialista Patxi López), sentados en el banquillo para responder por su supuesto delito de desobediencia en grado de cooperación (tratos con dirigentes de una organización ilegalizada). Sería lo más lógico y es lo más previsible en una causa judicial llamada a desinflarse.
Tanto en lo judicial como en lo político, lo cual no descarta que tenga algún recorrido. En lo político, por su eventual aprovechamiento electoral por parte de los nacionalistas, tan propensos al victimismo, aunque hubiera carpetazo. Y en lo judicial porque, aunque haya carpetazo, en línea con las tesis de la Fiscalía, las acusaciones populares (Foro de Ermua y asociación Dignidad y Justicia) llevarían el caso al Tribunal Supremo para mantener vivo el culebrón.
Antonio Casado.
