MADRID, 11 (OTR/PRESS)
Después de una primera y contundente opinión sobre las negociaciones de Zapatero con los presidentes de las Comunidades Autónomas sobre los nuevos criterios de financiación autonómica, -qué inmenso error, dijo-, Rajoy parece haber recapacitado, como fruto de sus conversaciones con sus propios presidentes o barones autonómicos. Ciertamente, resultaba sorprendente que Rajoy denunciara el «enorme error» mientras Esperanza Aguirre, Camps, Antich, o cualquier otro de sus «barones» regionales se mostraba esperanzado ante la perspectiva de poder mejorar las finanzas de su correspondiente comunidad.
Rajoy insiste en su teoría de que más valiera no haber procedido a esa revisión del criterio de financiación de las Comunidades Autónomas, pero acepta, y hasta recomienda, a sus presidentes del PP como a sus alcaldes, que defiendan los intereses y los euros de sus respectivas parcelas de poder. Ya se pudo comprobar, cuando el «reparto» de once mil millones para que los municipios pudieran en marcha obras con las que dar trabajo a los parados, que el PP tuvo un primer impulso de oponerse, pero luego, resultó desbordado por sus propios ayuntamientos y alcaldes, ante la posibilidad de obtener algunos dineros para realizar obras convenientes…
Ahora también. Tanto Ayuntamientos como Autonomías están comprobando vivamente los efectos de la crisis, particularmente la crisis inmobiliaria, que a menudo los está dejando sin recursos, o con ingresos muy mermados. ¿Cómo rechazar, en razón de qué criterios, el dinero que el Estado está dispuesto a garantizar a alcaldes y otros «barones» regionales para salir de un mal trance y resolver algunos problemas de liquidez que pudieran llegar a ser problemas sociales?.
Rajoy, en esa transformación de su «doctrina», trató de repescar su filosofía anterior de oposición a ultranza, posiblemente trasladada por el consejero económico Montoro: luche cada uno por sus posibilidades, que el partido y su dirección peleará por el interés general de los españoles, que no es otro que la reducción del gasto público y del endeudamiento nacional. Lo que, a estas alturas, también resulta sorprendente: Ni Rajoy ni Montoro se atreven a proclamar que no crezcan los subsidios a los parados, -incluso Sáenz de Santamaría, como Fernández Toxo, lo solicitan- pero sí que se evite cualquier incremento del gasto público.
Es frecuente que el PP determine unas doctrinas que, a renglón seguido, rechazan sus «barones». El dogmatismo y la teoría pura de algunas posiciones «del mando», y en particular las que suele brindar Montoro-, chocan con las razones de «la economía real» que palpan a diarios alcaldes y presidentes autonómicos. Y después de todo, esa falta de entendimiento viene a revelar la escasa credibilidad que en la planta noble del PP dan al modelo de descentralización responsable de Ayuntamientos y Comunidades autónomas. En ese punto sí debieran ser más exigente: que ayuntamientos y comunidades, propios o ajenos, resulten cada vez más exigentes, más austeros, incluso dando ejemplo a la administración central.
José Cavero.
