MADRID, 14 (OTR/PRESS)
Algunos nos arriesgamos en su día a sostener que la desidia del juez Tirado (dejó libre a un violador que luego se convirtió en asesino) estaba siendo utilizado como pretexto del Gobierno para aplazar la modernización de la Justicia. La sospecha crece después de escuchar las primeras réplicas de Zapatero y el ministro Bermejo a la convocatoria de una jornada de protestas en las sedes judiciales para el próximo 18 de febrero. Por cierto, en plena campaña electoral para las autonómicas gallegas y vascas del domingo 1 de marzo. Los profesionales de la Judicatura, por su parte, aprovechan el escándalo suscitado por el caso del juez Tirado (el Gobierno y la opinión pública consideraron insuficiente la sanción corporativa) para presionar al Ejecutivo en la reclamación de más y mejores medios en este servicio público.
Entienden que no se les ha dado otra salida pero tampoco van de enredadores. Invocan la mediación del Consejo General del Poder Judicial. Se atienen al pronunciamiento de los altos tribunales respecto a su discutido derecho de huelga y manejan unos plazos suficientes para comprobar si el Gobierno está dispuesto a considerar seriamente sus demandas. Sobre todo las relacionadas con la exigible puesta al día de nuestra obsoleta Administración de Justicia.
Tampoco el Gobierno puede decir que le pilla de sorpresa el reciente clarinazo de las cuatro asociaciones judiciales y la sombra que este conflicto institucional puede proyectar sobre las urnas de marzo y las europeas de junio. De hecho, la foto de Zapatero junto al padre de Mari Luz Cortés ya hacía suponer que Moncloa había decidido invertir políticamente en el caso. Ahora los jueces le hacen el juego y contribuyen a impregnar de electoralismo el enfrentamiento.
En esa clave hemos de ver la inicial predisposición de Zapatero a tratar con los profesionales de la Judicatura sobre sus principales demandas. Por la cuenta que le trae. No le conviene la tensión en vísperas de unas elecciones pero tampoco le importaría que la eventual torpeza de los jueces en la comunicación y defensa de sus demandas acabase produciendo el rechazo de las mismas por parte de la opinión pública.
Las demandas se refieren a modernización del servicio (nuevas tecnologías, por ejemplo), carga de trabajo, conciliación de vida laboral y familiar, y revisión de sueldos. Sin embargo, el Gobierno sigue tratando de inocular en la ciudadanía la idea de que todo se explica porque los jueces están corporativamente dolidos por la sanción al juez Rafael Tirado y sólo les preocupa la cuestión retributiva.
Me parece injusto. Y muy peligroso. La opinión pública puede sospechar con fundamento que se trata de desacreditar a los jueces en vez de tomarse en serio la puesta al día de los servicios judiciales.
Antonio Casado.
